El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, ha precipitado la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ultima este lunes, a contrarreloj, un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que prevé llevar al Consejo de Ministros de este martes, 29 de septiembre. Fuentes de Moncloa y del Ministerio de Vivienda reconocen que la negociación con los socios de investidura y otros grupos sigue abierta y es compleja, pero confían en cerrar un texto que pueda ser convalidado después en el Congreso.
Presión en la calle y en la política
El impulso definitivo llega después de que el caso desencadenara protestas masivas, acampadas en la Puerta del Sol y un amplio debate sobre la emergencia habitacional. Sánchez ha definido la norma como una respuesta «por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de vivienda» y ha pedido a los partidos un «último esfuerzo» para apoyar su convalidación.
Desde el Ejecutivo se insiste en que existe una «ventana de oportunidad inédita en dos años» para aprobar un paquete de medidas contundentes. El Gobierno asegura, además, que no busca «retratar» a la oposición, sino lograr un texto convalidable.
Qué contendría el decreto
Según los borradores y las filtraciones a varios medios, el texto se centra en la protección frente a desahucios, el control del mercado de alquiler y la limitación de la compra especulativa. Todo ello, a falta de un cierre definitivo.
En materia de desahucios, se prevé blindar a los hogares en situación de vulnerabilidad cuando no exista una alternativa habitacional adecuada, con mecanismos para suspender los lanzamientos y compensar a los propietarios. El borrador contempla que las comunidades autónomas asuman determinadas compensaciones, como rentas impagadas, suministros pendientes o daños. Incluiría también intereses por los retrasos en el pago y revisiones de las circunstancias que justificaron la suspensión cada 12 meses.
Otra de las medidas más destacadas sería impedir que fondos de inversión y grandes tenedores compren vivienda con fines especulativos, bajo el argumento de que «las viviendas son para vivir».
En el alquiler, el texto busca proteger a los inquilinos de las comunidades donde no se aplica plenamente la Ley de Vivienda, evitando renovaciones con subidas desproporcionadas. Los contratos de temporada se flexibilizarían: el inquilino podría dejar el inmueble tras el primer mes, avisando con 10 días de antelación y sin indemnizar al propietario, para frenar los usos fraudulentos de esta modalidad.
Sánchez ha anunciado además la prórroga hasta 2027 del escudo social, que incluye ayudas al alquiler y protección a hogares vulnerables. El Gobierno trabaja, por último, en reforzar el control de las viviendas de uso turístico y en combatir las estafas con alquileres de temporada y habitaciones, aunque esos detalles siguen en negociación.
El escollo de conciliar a Sumar y Junts
El principal obstáculo es conciliar las exigencias casi opuestas de los socios de investidura. Sumar y Podemos empujan para ampliar las protecciones a los inquilinos, con prórrogas automáticas de alquileres, límites más estrictos a los desahucios y medidas antifraude en los contratos temporales.
Junts, condiciona su apoyo a medidas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, y muestra reticencias ante ciertas restricciones a los desahucios y ante la intervención en la vivienda. Fuentes gubernamentales admiten que «el acuerdo sigue lejos», pero confían en que la presión social y el calendario fuercen un acercamiento.
Críticas desde ambos lados
El PP acusa al Ejecutivo de instrumentalizar el caso de Maricarmen y sostiene que el futuro decreto no habría impedido su desahucio. También critica lo que considera un giro intervencionista en el mercado de la vivienda. Desde la izquierda y los movimientos sociales se reclama, en cambio, que el texto vaya más lejos, con congelación de alquileres, renovación automática de contratos y la garantía de «ningún desahucio sin alternativa habitacional».
Las protestas continúan este lunes con nuevas movilizaciones y acampadas en Madrid, mientras la familia y la abogada de Maricarmen se reúnen con el Ayuntamiento para explorar alternativas habitacionales.
Qué puede pasar en las próximas horas
A falta de confirmación oficial, el escenario más probable es que el Gobierno lleve este martes al Consejo de Ministros un real decreto-ley con un núcleo duro de medidas: protección ante desahucios, límites a los fondos, estabilización de alquileres y prórroga del escudo social. Algunos aspectos fiscales y de compensación a las comunidades quedarían abiertos a la negociación parlamentaria.
La clave estará en la votación de convalidación en el Congreso, donde el Ejecutivo necesitará sumar apoyos más allá de su coalición para evitar que la norma caiga o quede sustancialmente recortada.
