El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto una investigación interna para esclarecer las circunstancias que rodean una factura de 10.850 euros presentada por Acvil Aparcamientos S.L., la empresa que gestiona el parking de la Plaza de Toros. El importe corresponde a 17 abonos de 24 horas que utilizaron vecinos de la Media Luna entre enero y junio de 2022, cuando no podían acceder a sus vados por las obras de construcción del solar de Salesianos, ajenas al Ayuntamiento.
La factura fue rechazada en agosto de 2022 pero volvió a reclamarse en marzo de 2026. Su reaparición ha destapado una situación incómoda para el consistorio: no existe expediente administrativo alguno sobre el asunto, ningún área municipal asume la responsabilidad del gasto y la única documentación disponible son dos correos electrónicos en los que participaban, junto a técnicos municipales y personal de la empresa, dos directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y de Proyectos del entonces equipo de gobierno de Navarra Suma.
Sin contrato, sin expediente, sin responsable
El informe jurídico municipal que sustenta la apertura de la investigación es rotundo: de esos correos "se puede deducir que es el Ayuntamiento quien va a asumir el pago", pero no hay constancia de que se siguieran los procedimientos legales de contratación ni de autorización del gasto. "Existen indicios racionales para entender que sí se llevó a cabo esta contratación" sin respetar esos procedimientos, concluye el texto.
El informe también advierte de que, si no se acredita ni el interés público municipal ni el cumplimiento del procedimiento, el asunto "podría suponer un quebranto para las arcas públicas" y derivar en responsabilidad de las autoridades implicadas, conforme a la legislación vigente.
Qué se va a investigar
Mediante Resolución de Alcaldía, el consistorio encarga las actuaciones previas a dos responsables municipales: Ana María Jiménez Marco, jefa de Contratación Pública, actuará como secretaria, y María Victoria Borja Etayo, directora de la Asesoría Jurídica, como instructora. Su tarea será determinar si existió un contrato verbal, si había un interés público que justificara el gasto y si procede su abono. En paralelo, el Ayuntamiento ha requerido a quien presentó la instancia de cobro que acredite en diez días que representa legalmente a Acvil Aparcamientos.
