El concejal Txema Mauleón se ha pronunciado este lunes sobre las denuncias de fraudes en empadronamientos en Pamplona, después de que varias personas alertaran de la existencia de prácticas irregulares en las que se estaría cobrando por empadronar a ciudadanos en viviendas de la ciudad, tal y como ha publicado Diario de Navarra.
Mauleón ha defendido que el Ayuntamiento cuenta con mecanismos ordinarios para garantizar que el padrón refleje la realidad de residencia de los ciudadanos, subrayando que el empadronamiento es un derecho que debe realizarse “de manera gratuita y en el lugar donde realmente se vive”. En este sentido, ha explicado que distintas áreas municipales, como Policía Municipal y el propio servicio de padrón, trabajan de forma coordinada para facilitar este proceso, incluso en situaciones de especial vulnerabilidad como el sinhogarismo, donde existe un protocolo específico.
Ante los casos denunciados, el edil ha sido claro al calificar estas prácticas como “fraudes legales muy serios”. Aunque ha evitado profundizar en las posibles implicaciones penales, sí ha insistido en que se trata de conductas que deben ser perseguidas. “Si se conoce cualquier caso, como todo delito, lo que hay que hacer es denunciarlo para que se pueda actuar”, ha señalado, apelando a la colaboración ciudadana.
En esa línea, Mauleón ha asegurado que, de confirmarse situaciones de este tipo, el Ayuntamiento actuaría en coordinación con las autoridades competentes, ya sea en el ámbito policial o judicial. “Cobrar por el padrón es un fraude que hay que evitar a toda costa”, ha recalcado.
Como medida preventiva, el Consistorio prepara además una campaña informativa para reforzar el conocimiento ciudadano sobre el proceso correcto de empadronamiento. Esta iniciativa incluirá materiales divulgativos con el objetivo de garantizar que los vecinos conozcan sus derechos y puedan empadronarse sin coste alguno en su lugar de residencia habitual.
El Ayuntamiento busca así atajar posibles abusos y reforzar un sistema clave para el acceso a servicios públicos, en un contexto en el que estas denuncias han puesto el foco sobre prácticas irregulares que podrían afectar especialmente a colectivos vulnerables.
