La institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Burlada/Burlata que adopte medidas adicionales para garantizar la seguridad pública del vecindario afectado por la ocupación ilícita de un inmueble situado en la calle Mayor. Así lo recoge la resolución firmada el 13 de febrero de 2026 por el Defensor del Pueblo, Patxi Vera Donazar.
La queja fue presentada el 18 de diciembre de 2025 por un vecino que denunciaba la situación de inseguridad generada en el entorno del edificio ocupado. Tras solicitar información al Consistorio, la institución analizó los partes policiales remitidos y concluye que ha existido “indolencia” por parte de los cuerpos policiales intervinientes, especialmente de la Policía Municipal de Burlada/Burlata.
Intervenciones policiales cuestionadas
La resolución detalla tres actuaciones vinculadas al inmueble. La primera, en julio de 2025, se produjo tras la denuncia del titular o poseedor legítimo de la vivienda, que detectó la cerradura forzada. Según el parte, no se movilizó ninguna unidad local y se derivó al denunciante al 112.
La segunda intervención, en octubre, permitió identificar a dos personas en el interior del piso, una de ellas con orden de detención en vigor. Sin embargo, no consta que se ejecutara dicha orden de manera inmediata.
Al día siguiente, se produjo una tercera actuación tras la denuncia de un posible incumplimiento de una orden de alejamiento. Pese a confirmarse la vigencia tanto de la orden de detención como de la de alejamiento, la unidad desplazada decidió no adoptar más medidas al considerar que no existían quejas vecinales por ruidos o molestias, sin que, según el Defensor, se practicaran diligencias mínimas para comprobar un posible riesgo para la mujer afectada.
Un problema “multifactorial”
La institución recuerda que este tipo de situaciones ya han sido analizadas en expedientes anteriores y subraya que se trata de un problema “multifactorial”, cuya solución última no depende exclusivamente del Ayuntamiento. El desahucio, recalca, corresponde instarlo a la propiedad y debe ser acordado por la autoridad judicial.
No obstante, el Defensor insiste en que las entidades locales sí disponen de competencias para reforzar la seguridad en la zona, intensificar la vigilancia, identificar a los propietarios del inmueble y trasladarles la situación para que puedan ejercer las acciones legales pertinentes.
Recomendación formal y plazo de respuesta
En virtud del artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, el Defensor recomienda formalmente al Ayuntamiento que adopte medidas adicionales para proteger al vecindario. El Consistorio dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y qué actuaciones pondrá en marcha.El expediente vuelve a situar en el debate público la gestión municipal ante los conflictos derivados de ocupaciones ilegales y la coordinación entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad ciudadana en entornos residenciales.
