El fundador de Telegram, Pavel Dúrov, ha lanzado un durísimo mensaje a sus usuarios en España contra el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para restringir el uso de las redes sociales entre menores y endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales. En un comunicado enviado a los usuarios españoles, el empresario acusa al Ejecutivo de impulsar “normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales” y advierte de que las medidas “pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección”.
El mensaje de Dúrov: “Estado vigilado” y “sobre‑censura”
Dúrov, multimillonario nacido en Rusia y fundador de Telegram, ha pedido a los españoles que se mantengan “vigilantes”, exijan transparencia y “luchen por sus derechos” ante el paquete de medidas anunciado por Sánchez, que incluye la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años y la responsabilidad penal para los directivos de plataformas que no retiren contenidos de odio o ilegales.
En su mensaje, difundido a través de Telegram y reenviado desde la cuenta oficial de la plataforma, Dúrov sostiene que las propuestas del Gobierno “no son salvaguardas; son pasos hacia el control total”, y las enmarca en un giro global hacia un “Internet más controlado”. Asegura que estas normas podrían “forzar la sobrecensura”, ya que las plataformas “eliminarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas”. “Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”, advierte.
El fundador de Telegram va más allá y alerta de que la verificación de edad puede abrir la puerta a la identificación masiva de los usuarios, erosionando el anonimato en la red. Según su interpretación, medidas como la obligación de verificar la edad de los menores pueden derivar en sistemas que “establecen un precedente para rastrear la identidad de cada usuario” y facilitan “la recopilación masiva de datos”.
Qué propone el Gobierno de Sánchez
El choque se produce tras el anuncio del presidente del Gobierno durante un acto en Dubái, donde recordó que España tiene previsto prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, introduciendo sistemas de verificación de edad y un marco más duro contra el discurso de odio y los contenidos ilegales.
Sánchez ha adelantado que el Gobierno trabaja en una reforma legal para que los directivos de las grandes plataformas sean penalmente responsables si no retiran contenidos de odio o ilegales, un movimiento que afecta de lleno a figuras como Elon Musk y el propio Dúrov. “Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”, afirmó el presidente, subrayando que los consejeros delegados podrán enfrentarse a responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
El Ejecutivo justifica el paquete de medidas en la necesidad de proteger a los menores, rebajar la toxicidad del debate público y combatir la proliferación de bulos y mensajes de odio en redes y servicios de mensajería. Desde La Moncloa defienden que la falta de regulación ha permitido que las plataformas se conviertan en espacios cada vez “más intolerantes y menos democráticos”.
La respuesta política: “tecnooligarcas” y bulos
El Gobierno ha respondido con dureza al comunicado de Dúrov, al que enmarcan en la estrategia de presión de los grandes dueños de plataformas digitales. Fuentes del PSOE y de Moncloa consideran que se trata de una situación inédita –“es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país”– y ven en el texto del fundador de Telegram un ejemplo de por qué, a su juicio, es urgente regular.
“El mensaje enviado por el fundador de Telegram es un reflejo de la forma de operar de los tecno‑oligarcas en las redes sociales: está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones”, afirman estas fuentes. En redes sociales, Sánchez ha llegado a responder con una frase cervantina adaptada al nuevo frente digital: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, en alusión directa a Dúrov y otros magnates tecnológicos que han criticado sus planes.
El entorno del presidente insiste en que el objetivo no es censurar opiniones políticas, sino garantizar que las reglas democráticas también se apliquen en el entorno digital. “Lo que planteamos es que las leyes que rigen en la calle no se queden en la puerta de Internet”, sostienen, frente a quienes acusan al Gobierno de preparar un marco “distópico” de vigilancia.
Dúrov, bajo la lupa de la justicia europea
El cruce de acusaciones llega en un momento en el que el propio Dúrov se encuentra bajo presión judicial en Europa. En 2024 fue detenido en Francia por, presuntamente, permitir actividades delictivas en Telegram, incluyendo terrorismo, tráfico de drogas, fraude, blanqueo de capitales y difusión de contenido pedófilo, entre otros delitos. El caso reavivó el debate sobre hasta qué punto las plataformas de mensajería deben responder por lo que ocurre en sus servicios.
Crítico habitual de los sistemas de verificación de edad y de las nuevas normativas sobre seguridad digital, Dúrov ha denunciado en ocasiones anteriores que gobiernos de distintos países están convirtiendo Internet en “la herramienta definitiva de control”, señalando medidas como las identificaciones digitales, el escaneo masivo de mensajes privados o las verificaciones de edad obligatorias. A su juicio, estas políticas “roban” a las nuevas generaciones la promesa de una red basada en el libre intercambio de información.
Un pulso con impacto en millones de usuarios
El enfrentamiento entre Sánchez y Dúrov abre un nuevo frente en la disputa global entre gobiernos y grandes plataformas sobre los límites de la regulación digital. España, que ya ha vivido decisiones judiciales controvertidas como el bloqueo temporal de Telegram ordenado por la Audiencia Nacional por cuestiones de piratería audiovisual, podría convertirse en uno de los campos de prueba de una normativa más dura sobre redes sociales y mensajería.
Mientras tanto, millones de usuarios españoles de Telegram y de otras plataformas siguen el pulso con atención, a la espera de ver hasta dónde llegará la regulación y cómo afectará en la práctica al acceso a las redes, al anonimato en línea y a la libertad de expresión. Entre el discurso de la protección de los menores y la lucha contra el odio, y las advertencias de un posible “Estado de vigilancia”, la batalla por el futuro del debate público digital en España entra en una fase decisiva.
