El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ha acordado con la mayoría sindical en la Mesa General de Función Pública el Plan de Actuación para los años 2025-2027 para la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El pacto ha sido apoyado por los sindicatos LAB, CC.OO y UGT.
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha destacado la importancia del respaldo al Plan de Actuación 2025-2027 de cara a dar cumplimiento a una Ley Orgánica que supone la “mayor transformación en décadas de la Justicia, un cambio de paradigma histórico para el que Navarra está preparada y en el que se trabaja con intensidad”. “La finalidad es avanzar en una justicia más ágil y eficiente”, ha indicado.
La norma recoge el deber de crear las relaciones de puestos de trabajo para las oficinas judiciales, que se materializarán en Navarra en dos fases: la primera, en la que se aprobarán las de los partidos judiciales de Tudela, Estella-Lizarra, Tafalla y Aoiz / Agoitz el 1 de julio, y el 31 de diciembre la de Pamplona / Iruña, previa negociación con las y los representantes de las y los trabajadores. Asimismo, el Plan de Actuación recoge distintas medidas para reforzar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad, la promoción de acciones formativas para facilitar la incorporación del personal a la nueva organización judicial y medidas relativas a la prevención y protección de la salud.
La Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada a principios de este año, tiene como principales objetivos la mejora del servicio a la ciudadanía mediante la creación de Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en el municipio; la especialización, tanto de los órganos judiciales para abordar casos específicos, como la violencia contra la infancia y la adolescencia; la homogeneidad en las prácticas y comportamientos de los órganos y oficinas judiciales, y la capacidad organizativa para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Asimismo, la norma pretende simplificar el acceso a la justicia mediante la creación de un único tribunal asistido por una única organización, la Oficina Judicial, a la vez que se potencia la accesibilidad y la confianza en el sistema de justicia reforzando aspectos organizativos y procedimentales, y aprovechando los beneficios de las nuevas tecnologías con el fin de ofrecer una justicia más próxima y sostenible.
En la misma línea que lo realizado tanto por el Ministerio de Justicia como por el resto de Comunidades Autónomas con competencias en la materia, tal y como se recoge en la norma, en el Plan de Actuación se incluye también una adecuación retributiva gradual para el personal de los cuerpos generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
De izda. a dcha.: director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; director general de Función Pública
Rashid Mohamed; consejera de Interior, función Pública y Justicia, Amparo López; y directora general de Justicia, Maite Arenaza.
Reunión de la Mesa General de Función Pública hoy en el Palacio de Navarra.
