La trama que lideraría la ex socialista y exdirectiva de Enusa y Correos Leire Díez se ha consolidado como uno de los grandes focos de corrupción de la legislatura, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volcada en seguir el rastro de presuntas comisiones y favores en la órbita de la SEPI.
Según adelantó El Confidencial, la UCO atribuye a Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario navarro Antxón Alonso la integración en un grupo organizado bautizado en WhatsApp como “Hirurok” (“los tres” en euskera), al que imputa el amaño de al menos cinco contratos por un total de 132,9 millones de euros a cambio de mordidas canalizadas a través de la mercantil Mediaciones Martínez SL.
Por su parte, La Sexta, que ha accedido también a fuentes de la investigación, detalla que esos cinco contratos bajo sospecha afectan a operaciones estratégicas de empresas públicas como Tubos Reunidos, Enusa, Mercasa y otras filiales de la SEPI, donde el trío habría aprovechado su influencia política y su red de contactos para orientar expedientes en favor de compañías determinadas. El Confidencial subraya que el auto del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña describe a “Hirurok” como un grupo capaz de condicionar decisiones de varias administraciones entre 2021 y 2023, tomando precauciones para garantizar “la más estricta discreción y confidencialidad” de sus movimientos.
En paralelo a las detenciones de Díez, Fernández y Alonso, la UCO desplego una ofensiva judicial y policial con 19 registros y requerimientos de documentación en empresas y organismos públicos de Madrid, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Pamplona, entre otros puntos. Entre las entidades señaladas figuran la propia SEPI y sus participadas Mercasa, Enusa, Sepides y Cofivacasa, así como la compañía de renovables Forestalia o la firma tecnológica Cistec (que negó el registro), además de dependencias de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, la Dirección General de Patrimonio del Estado y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En Olite, los agentes habrían entrado en la constructora Eri Berri, de la que hasta ahora se conocían sus vínculos con Servinabar a través de la subcontrata (con Acciona) de la demolicion de La Laboral de Zaragoza. Sin embargo, El Confidencia señala que en esta nueva trama se investriga si se habría pagado 400.000 euros a los imputados por una demolicion en Avilés (Asturias) en 2021.
La investigación ha vivido un punto de inflexión este sábado con la decisión de la Audiencia Nacional de dejar en libertad provisional a los tres investigados tras su comparecencia del sábado, una resolución que se vincula a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, única parte personada en la causa de momento, y que solo reclamó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.
El sumario, sigue avanzando con nuevas diligencias (hay una docena de imputados más allá de los tres principales acusados) mientras el juez investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El Confidencial señala además un supuesto enriquecimiento de la cúpula de la trama: la UCO rastrea compras de viviendas en Marbella y Jaca vinculadas a Leire Díez y a Vicente Fernández, sufragadas en parte, según los investigadores, con comisiones derivadas de las cinco operaciones bajo sospecha. Otros medios, como El Español, revelan que el grupo ofrecía incluso edificios históricos de Correos a empresarios, presentándose como intermediarios capaces de facilitar adjudicaciones y financiación pública a cambio de retornos económicos, un extremo que refuerza la tesis de una red estable y profesionalizada, más allá de operaciones aisladas.
Mientras el caso escala políticamente por las conexiones con la SEPI y el entorno del PSOE, la instrucción camina sobre la delgada línea entre el secreto de sumario y las filtraciones a la prensa, que han permitido conocer la existencia del chat “Hirurok”, el mapa de empresas implicadas y el papel nuclear que la Guardia Civil atribuye a la “fontanera” Leire Díez.
A la espera de nuevos autos judiciales, la investigación avanza como un rompecabezas en el que, pieza a pieza, se reconstruye cómo un pequeño círculo de poder habría convertido la influencia institucional en un negocio multimillonario a espaldas del interés público.
