El sindicato LAB ha denunciado este martes el caso de dos trabajadoras navarras del sector de limpieza, empleadas en las empresas Lacera y Zaintzen. Estas trabajadoras, con serios problemas de movilidad, han sido obligadas a reincorporarse a sus puestos pese a sus limitaciones físicas, según LAB. Una de ellas necesita un andador para moverse, mientras que la otra depende de una silla de ruedas. La Seguridad Social, junto con los servicios de vigilancia de la salud de ambas empresas, han denegado la incapacidad permanente y anulado las bajas médicas de ambas empleadas. En palabras de Imanol Karrera, portavoz del sindicato, las decisiones tomadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los servicios de salud empresarial no tienen lógica.
La denuncia de Karrera se centra en que estos organismos han obligado a las trabajadoras a reincorporarse a sus puestos bajo condiciones físicas muy adversas, una acción que el sindicato califica de «inhumana, indecente y propia de siglos pasados». Además, responsabiliza a la Confederación Empresarial Navarra (CEN) de influir en este tipo de decisiones, a través de un discurso que, según LAB, manipula la percepción del absentismo laboral y busca retroceder en los derechos de los trabajadores.
Las trabajadoras afrontan serias limitaciones
LAB ha subrayado que su acción sindical y jurídica seguirá enfocada en la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores navarros. Durante la rueda de prensa, Karrera insistió en que el caso de estas trabajadoras pone de manifiesto un patrón preocupante de actuaciones por parte de la Seguridad Social, que no solo afecta a estas dos mujeres, sino que también podría estar degradando las condiciones laborales en muchos otros sectores.
El sindicato estuvo acompañado en la comparecencia por la responsable del sector de limpieza de LAB, Yolanda Forcelledo, así como por un asesor sindical. Uno de los casos mencionados es el de una trabajadora de 56 años empleada por la empresa Lacera, que según un informe médico de Osasunbidea del 17 de septiembre de 2024, necesita un andador para movilizarse debido a una patología osteoarticular. Pese a este diagnóstico, la Seguridad Social no le concedió la incapacidad permanente, argumentando criterios económicos.
Esta trabajadora, con una discapacidad reconocida del 56%, fue declarada “apta con limitaciones” por el servicio de vigilancia de la salud, obligándola a reincorporarse a su puesto de trabajo. Actualmente, desempeña funciones en un colegio de Pamplona, pese a las múltiples restricciones médicas que enfrenta.
La situación se agrava en otro caso, el de una empleada de la empresa Zaintzen también de 56 años. Esta trabajadora presenta una discapacidad reconocida del 49% y, de acuerdo a un informe médico de agosto de 2022, sufre múltiples patologías crónicas que afectan su capacidad para realizar tareas cotidianas, incluyendo alteraciones en la marcha que requieren el uso de un andador. Además, desde hace meses, necesita silla de ruedas para desplazamientos prolongados.
En su caso, está pendiente de recibir el informe del servicio de vigilancia de la salud, pero LAB ha advertido que será obligada a reincorporarse a su trabajo en un colegio de Pamplona este miércoles, aun necesitando su silla de ruedas.
LAB ha criticado el tratamiento que están recibiendo ambas trabajadoras y ha señalado que, más allá de estos casos específicos, la actuación de la Seguridad Social responde a una política guiada únicamente por criterios económicos. Según el sindicato, los médicos de la Seguridad Social tienen orden de restringir las incapacidades, lo que está provocando un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El caso de estas dos limpiadoras es solo la punta del iceberg, advirtió Karrera.
Para el sindicato, estas decisiones suponen un atentado contra el derecho a la salud y la dignidad de los trabajadores, ya que obligar a personas con discapacidades a seguir trabajando bajo estas condiciones vulnera principios fundamentales.