El debate sobre los conciertos educativos en Navarra ha dado un paso decisivo. El Gobierno foral ha hecho público un informe jurídico de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, firmado el 21 de abril, que cierra la puerta legal a la moratoria de un año reclamada por varios grupos parlamentarios y, de paso, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez ha cargado con dureza contra la proposición de ley registrada esta semana por UPN.
El informe: la prórroga solo cabe para un centro
La conclusión del documento es clara y no admite interpretaciones intermedias. La prórroga de un año prevista en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992 —el mismo precepto al que apelaba Geroa Bai para justificar su moratoria— únicamente puede aplicarse a la Ikastola Ibaialde de Lodosa, el único centro al que se le ha denegado íntegramente la renovación de su concierto de segundo ciclo de Educación Infantil. El Departamento ya ha iniciado conversaciones con ese centro para articular la prórroga.
El resto de centros que han visto reducidas algunas de sus unidades se encuentran en una situación radicalmente distinta: sus conciertos han sido renovados por cuatro años más, del curso 2026-2027 al 2029-2030. Sin denegación total del concierto, no hay base legal para aplicar el artículo 44. Hacerlo vulneraría la duración máxima de los conciertos fijada en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación.
El informe fue elaborado a petición del consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien se había comprometido a presentarlo como respuesta a las propuestas de moratoria planteadas en el Parlamento.
Remírez: "La moratoria no es ajustada a derecho"
El vicepresidente Javier Remírez ha sido contundente al valorar el informe ante los medios. "El planteamiento de plantear una moratoria no es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/92", ha afirmado, añadiendo que el Gobierno actúa "con el Estado de derecho y con plena seguridad jurídica" y que cualquier ejecutivo está obligado a aplicar de forma estricta la normativa vigente.
Ramírez ha situado las decisiones adoptadas en un contexto demográfico que, según ha señalado, nadie puede ignorar. Ha recordado el estudio de proyección de población del Gobierno de Navarra hasta 2039, que prevé que la franja de 0 a 16 años —la población en edad de escolarización obligatoria— pasará de representar el 15% al 13% del total, mientras la población mayor de 65 años crecerá del 21 al 26%. "Tenemos que planificar para adaptarnos a una realidad demográfica que fluctúa y que cambia", ha subrayado.
La proposición de UPN, en el punto de mira
Pero si el Gobierno ha cerrado la puerta a la moratoria de Geroa Bai, las críticas más duras de Remírez han apuntado esta mañana a la proposición de ley registrada por UPN. El vicepresidente ha advertido de que el texto presenta "graves fallos de técnica jurídica" y genera "una situación de inseguridad jurídica para las familias, los alumnos y los centros educativos".
A su juicio, la propuesta sigue la línea emprendida por el PP y Vox en comunidades como Madrid y Murcia, y trata de "subordinar la enseñanza pública a la concertada" con criterios más empresariales que de defensa del interés público. El principal reproche es que la iniciativa congelaría la situación durante un año sin dar respuesta a qué ocurre después. "¿Y dentro de un año qué aplicamos? ¿Otra moratoria? ¿Cómo podemos crear una situación de incertidumbre así a todas las familias?", ha preguntado.
Remírez ha subrayado además que la duración de los conciertos educativos no la fija una norma foral, sino la Ley Orgánica de Educación, que establece un máximo de cuatro años con posibilidad de prórroga de uno solo en los términos ya descritos. Cambiar eso mediante una proposición de ley navarra supondría, a su entender, invadir el ámbito de la normativa estatal básica.
El portavoz del Ejecutivo ha concluido recordando que desde 1992, año en que entró en vigor el decreto foral, todos los gobiernos navarros de distinto signo político han aplicado esta normativa de forma pacífica, ajustando el número de aulas a la demanda real. "Es lo que estamos haciendo en estos momentos y es lo que ha hecho cada gobierno desde que esta normativa está vigente", ha zanjado.
