Javier Esparza, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, compareció este lunes en rueda de prensa en el Parlamento de Navarra y quiso incidir en el estado de las negociaciones entre los socios de Gobierno, PSN y Geroa Bai entorno al cierre de aulas en Navarra. El dirigente de UPN puso el foco en una pregunta que, a su juicio, nadie ha respondido todavía: con quién están negociando realmente los grupos que apoyan al Gobierno.
"Gimeno ha sido apartado de esta negociación. No se está negociando con el Departamento de Educación", aseguró Esparza, quien señaló que la presidenta Chivite ha trasladado la responsabilidad al vicepresidente Javier Remírez. "Cuando hay que negociar sobre el futuro de nuestro sistema educativo se le aparta al consejero de Educación. Esto es una deslegitimación absoluta del consejero Gimeno", subrayó.
Sobre el papel de su partido en este proceso, Esparza defendió que la proposición de ley presentada por UPN está siendo determinante para mantener viva la esperanza de que no se cierre ningún aula, ni en la red pública ni en la concertada. A su juicio, hay dos escenarios posibles: que los grupos alcancen un acuerdo antes del miércoles que garantice que no se cierra ningún aula, o que ese acuerdo no llegue y se tenga que votar la proposición de ley de UPN, que persigue el mismo objetivo.
"Tengo la sensación, y más después de escuchar a la portavoz del PSN, de que el Gobierno se está sentando a negociar con sus socios básicamente porque nosotros tenemos presentada una proposición de ley. Si no, da la sensación de que el Gobierno no se hubiera sentado y Gimeno se hubiera mantenido en su posición", afirmó. Y fue más directo al valorar el tono empleado por la socialista: "El PSN no se hubiera sentado con Geroa Bai ni para tomar café para hablar de este tema".
Esparza también quiso hacer memoria sobre los antecedentes de este debate y recordó que fue UPN quien pidió en septiembre de 2023 un estudio sobre la evolución de la natalidad y su incidencia en el sistema educativo navarro. Tras una enmienda, el plazo se amplió hasta junio de 2024, pero el estudio no fue presentado por la Universidad Pública de Navarra hasta diciembre de 2025, y solo abordó la cuestión de la natalidad. "El departamento no quiso colaborar y Gimeno evidentemente se negó", recordó.
El portavoz de UPN defendió que su proposición de ley "es legítima, apuesta por la igualdad de oportunidades de todas las familias y protege a la red pública y a la concertada por igual", y descartó cualquier reparo jurídico sobre el texto. "Ponemos algo encima de la mesa que puede dar una solución, que es lo que necesitan las familias y nuestro sistema educativo", concluyó.
