La defensa de Santos Cerdán ha presentado un escrito ante el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que reclama que se dé “impulso procesal debido” al informe patrimonial encargado a la UCO de la Guardia Civil sobre su situación económica. Los letados de Cerdán, invocan la Directiva europea 2016/343 sobre presunción de inocencia y pide medidas de garantía de ese derecho fundamental.
En el escrito se recuerda que el 4 de febrero de 2025 el instructor ordenó a la UCO un informe sobre las comunicaciones entre el empresario De Aldama y, entre otros, Santos Cerdán. Aquel mandato dio lugar al atestado 96/2025, de 5 de junio, sobre “presuntas irregularidades en contratación pública”, donde se imputaban ya de forma expresa hechos delictivos al dirigente socialista.
Prisión, “mordidas” y la empresa Servinabar
La defensa repasa que el 20 de junio de 2025 se autorizó la investigación patrimonial de Cerdán y el 30 de junio el instructor acordó su prisión provisional, medida luego ratificada por la Sala de Apelación mediante auto de 23 de julio. En esa resolución, recuerda el escrito, se daba por objeto de investigación que “don Santos Cerdán y don Koldo García habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar 2000, para la obtención de beneficios económicos como consecuencia de la adjudicación de determinadas obras”.
El auto de prisión recogía además que Cerdán habría recibido “al menos 4.500.000 euros” en premios, comisiones o “mordidas” procedentes de esas adjudicaciones, extremo que la defensa considera que debe ser “confirmado o expresamente descartado”, pero que no puede quedar “en el aire” sin respaldo probatorio concreto. El escrito insiste en que se le atribuye ser el encargado de percibir esas supuestas comisiones dentro de la organización investigada.
Respecto a Servinabar, la UCO y el instructor sitúan a Cerdán como titular del 45% de la mercantil y la describen como una “pantalla” para el cobro de sobornos ligados a obra pública, algo que la defensa niega. El escrito sostiene que la empresa tiene actividad real, que existen fotografías y otros medios que acreditan trabajos efectivamente realizados y afea que no se haya tomado declaración a posibles testigos de esas labores pese a insinuarse en los atestados su carácter fraudulento.
Siete meses sin informe y presunción de inocencia
La queja central del escrito se concentra en la demora en recibir el informe patrimonial que el propio instructor acordó el 20 de junio y cuya remisión formal ordenó el 30 de junio. Siete meses después de aquel requerimiento y casi un año desde el inicio de la investigación policial, la defensa subraya que dicho informe “no ha sido aportado” al procedimiento.
Para los letrados, ese vacío probatorio, tras meses de imputaciones públicas sobre premios económicos y mordidas, provoca una “evidente afectación y degradación” de la presunción de inocencia de Cerdán. Argumentan que se proyectan “todo tipo de hipótesis” sobre la cuantía y naturaleza de los supuestos sobornos sin que exista todavía un informe patrimonial que identifique de forma específica actos y cantidades, y sin posibilidad real de contradicción por parte de la defensa.
El escrito califica esta situación como una “práctica procesal perversa” contraria a la Directiva 2016/343, que obliga a las autoridades públicas a no referirse a una persona como culpable sin que se hayan completado los actos procesales encaminados a demostrar su culpabilidad. Entiende que, si la UCO y el instructor mantienen la imputación sin cerrar las diligencias sobre patrimonio, se estaría vulnerando el mandato de dicha norma europea.
Filtraciones, “verdad oficial” y medios
La defensa también vincula la demora en el informe con el impacto mediático del caso. Recuerda que el 3 de octubre de 2025 la Policía Judicial aportó el informe 157/2025, en el que ya no se hacía referencia a Cerdán, y que días después se quejó por una “pretendida filtración” de su contenido por parte del secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado.
A raíz de esa queja, el instructor dictó una providencia el 10 de octubre en la que apuntaba que, “en el plazo más breve posible”, se presentaría otro informe, esta vez centrado en la situación patrimonial de Cerdán, que aún no ha llegado. Desde entonces, sostiene la defensa, se vienen publicando en los medios “todo tipo de atribuciones delictivas” contra el ex dirigente socialista y su familia, basadas en informaciones extraídas de los atestados de la Guardia Civil y de las resoluciones judiciales.
En este contexto, el escrito denuncia que se está asentando en la opinión pública la “verdad oficial” de la supuesta corrupción de Cerdán “sin posibilidad de defensa alguna”, pues la mayoría de las noticias se acogen a la técnica del “reportaje neutral” al reproducir lo que dicen documentos policiales y judiciales. De ahí que la defensa subraye la especial gravedad de que sean “autoridades públicas” quienes afirman unos hechos que, por su propia naturaleza, gozan de gran credibilidad social.
Lo que pide la defensa al Supremo
Al amparo del artículo 4.2 de la Directiva 2016/343, la defensa solicita al instructor que adopte alguna de las medidas previstas frente al incumplimiento de la obligación de respetar la presunción de inocencia, que a su juicio se está quebrantando con la demora en el informe patrimonial. Aunque reconoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya contiene mecanismos para acelerar diligencias (como el artículo 776.3), insiste en que su petición no es solo de impulso instructor, sino de protección del derecho fundamental de Cerdán.
El escrito cita una providencia del propio instructor de 10 de octubre de 2025 en la que éste recordaba que el “debido funcionamiento” del proceso exige esclarecer los hechos con respeto a los derechos fundamentales de todas las partes, “también desde luego, del Sr. Cerdán León”. En coherencia con esa afirmación, la defensa pide que se requiera “a la mayor brevedad posible” a los guardias civiles responsables para que aporten el informe sobre la investigación patrimonial y se restablezca así la plenitud de la presunción de inocencia de su representado.
