La Audiencia de Navarra ha condenado a cinco personas a tres años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública, tras considerar probado que traficarían con más de 105.000 kilos de cannabis cultivados en plantaciones situadas en Artajona, Mendigorría y Olite. El valor de la droga intervenida en el mercado ilícito habría superado los 155 millones de euros.
La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia y recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, impone además a cada uno de los condenados una multa de 200 millones de euros, el doble del valor de la sustancia estupefaciente intervenida, al concurrir la agravante de tratarse de una cantidad de notoria importancia.
Los hechos se remontan a agosto de 2021, cuando la Policía Foral tuvo conocimiento de la existencia de varias fincas en las que se cultivaban unas 415.000 plantas de cáñamo, supuestamente con fines industriales. El responsable de la explotación aseguró a los agentes que la producción sería recolectada de forma manual, secada en naves municipales de Artajona y posteriormente exportada a Suiza.
Sin embargo, los agentes advirtieron expresamente de la prohibición de transportar las sumidades floridas —los cogollos— con independencia de su concentración de THC, advertencia que quedó reflejada por escrito y fue reiterada en una reunión posterior con los abogados del agricultor.
Pese a ello, los cinco acusados, con distintos roles dentro de la operativa, actuaron de común acuerdo para repartirse los beneficios derivados de la distribución de la sustancia. De hecho, llegaron a negociar un envío en camión con destino a Roma, previsto para el 2 de noviembre de 2021, que fue interceptado por la Policía Foral en la nave de secado de Artajona.
En total, se intervinieron más de 105.000 kilogramos de material vegetal, de los que más de 87.500 correspondían a cannabis y unos 17.600 a hojas de la planta.
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre, la Fiscalía solicitó penas de seis años y nueve meses de prisión, además de las multas millonarias, mientras que las defensas reclamaron la absolución al sostener que se trataba de cáñamo industrial legal.
No obstante, la Audiencia concluye que no existe prueba alguna del destino industrial de la producción ni de las empresas supuestamente destinatarias. Por el contrario, el tribunal considera acreditado que los acusados intentaron “dotar de una aparente legalidad” a la actividad para “enmascarar la verdadera finalidad”, que no era otra que el cultivo y la distribución de cannabis como sustancia estupefaciente.
