El Ayuntamiento de Pamplona encargará la elaboración de un censo de edificios con amianto en el municipio, tanto públicos como privados, con el objetivo de poder programar su retirada antes de 2032. Ésa es la fecha marcada como objetivo por la Unión Europea, si bien se plantea que la retirada de amianto en edificios públicos pueda estar completada para 2028. La hoja de ruta del Consistorio prevé iniciar los trabajos de retirada de este material cancerígeno en el edificio municipal del antiguo Oscus, en la calle Navarrería, para 2025 y sumar a esta intervención trabajos similares en las naves de Aceros Sadar, de titularidad privada.
Para la elaboración de ese censo, el Ayuntamiento contratará una asistencia técnica con un presupuesto de 30.000 euros, que se licitará a finales de año. Una vez adjudicado el trabajo, éste deberá estar realizado en un plazo de tres meses, tal y como ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea San Juan. De esta forma, para mediados de 2025 el Consistorio podrá tener ya un listado completo de edificios públicos y privados con amianto en sus elementos y establecer un calendario de retirada, al menos, en lo que a edificios públicos se refiere. Los edificios de Oscus y Aceros Sadar serán las prioridades.
El censo permitirá, por un lado, identificar y valorar el estado del amianto visible y fácilmente detectable, en fachadas, cubiertas y chimeneas, por ejemplo, pero también se realizará un informe detallado de cada uno de los edificios o instalaciones susceptibles de inspección. En función de todos esos datos, se priorizará la retirada atendiendo al grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En aquellas actuaciones municipales en las que la retirada de este material no suponga grandes obras, la gestión correrá a cargo de Conservación Urbana. No obstante, cuando se requiera un proyecto de ejecución o se trate de actuaciones de mayor volumen, la iniciativa la tomará el área de Proyectos Estratégicos. Para la retirada en edificios de titularidad privada, será el área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 el responsable de informar y requerir actuaciones en base al censo.
El amianto: fibras con componentes cancerígenos
El interés europeo, estatal, autonómico y local por eliminar el amianto en los elementos constructivos radica en los componentes cancerígenos del material, que pueden afectar seriamente a la salud. El amianto, también conocido como asbestos, son una serie de minerales fibrosos compuestos por silicatos que presentan una estructura en forma de manojo de fibras. Sus cualidades, muy flexibles, hicieron que su uso fuera generalizado en construcción desde mediados del siglo XX. Sin embargo, el tamaño de las fibras hace que puedan ser inhaladas durante la manipulación, provocando la aparición de asbestosis, cáncer broncopulmonar y mesotelioma maligno.
Por todo ello, los estados comenzaron a prohibir su uso. El estado español lo hizo en 2002 y la Unión Europea en 2005. Pero, aunque ya no se utilizaba en las nuevas construcciones, todavía queda un gran número de inmuebles construidos antes de esas fechas con elementos de fibrocemento. Es ahí donde el Consistorio quiere actuar, para evitar que su rotura o manipulación pueda tener efectos nocivos en la salud de la población. El censo, que debía haber estado acabado para abril de 2023, es el primer paso.
Primero, el antiguo Oscus
Entre las prioridades marcadas por el Ayuntamiento en los trabajos de retirada de amianto de edificios municipales se encuentra el antiguo Oscus, en la calle Navarrería, donde se ha certificado la presencia de importantes elementos constructivos que contienen amianto.
Se trata de un edificio interior, ubicado en la manzana generada por las calles Navarrería, Carmen y Redín, que acogía hasta hace unos años el Centro Cultural de Navarrería. El edificio, levantado en la década de los 60 del siglo pasado, acogió en 1968 el Instituto Catequista Dolores Sopeña, un centro social y cultural de la fundación OSCUS. Dos décadas después, en 1986, el Ayuntamiento de Pamplona adquirió la propiedad del edificio para albergar, en un primer momento, el Conservatorio Municipal Joaquín Maya, hasta su traslado al palacio Redín-Cruzat de la calle Mayor. Entonces, el edificio pasó a destinarse a Centro Social y Cultural del Casco Antiguo hasta 2009, cuando estas funciones las asumió el Palacio de Condestable. Desde entonces, ha tenido distintos usos puntuales, como el de comedor social.
El inmueble, que ocupa gran parte del espacio interior de la manzana, consta de un cuerpo central con cubierta dos aguas que aloja los antiguos talleres, aulas y un salón de actos y diversos edificios anexos. En los últimos años, el edificio y la manzana interior han sido objeto de estudio para su reurbanización. No obstante, antes de eso, el Consistorio quiere proceder a la retirada del amianto por su potencial peligrosidad. Por eso, una vez esté listo el censo de amianto y se disponga de la partida presupuestaria necesaria (se calculan 200.000 euros), se confía en poder licitar el proyecto y poder iniciar las obras a finales de 2025.
Ayudas para la retirada en edificios privados
Esa misma fecha es la que se baraja para la demolición y eliminación del amianto en las naves Aceros Sadar, de propiedad privada. Estas naves, en completo abandono, forman parte de Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de la Universidad Pública de Navarra pero siguen siendo de titularidad privada, ya que aunque el PSIS contemplaba su expropiación, ésta no ha sido solicitada ni por el Gobierno de Navarra ni por la UPNA El Ayuntamiento de Pamplona lleva desde hace más de diez años intentando acordar su demolición con el Gobierno de Navarra, la UPNA y los propietarios, una actuación que tendrá un coste aproximado de 400.000 euros.
Para poder llevar a cabo el calendario de actuaciones en edificios privados que surja del censo de amianto y que sea posible su retirada para 2032, se prevé crear una bolsa de ayudas públicas. En este sentido, con el censo ya listo, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con el Gobierno de Navarra para poder impulsar ayudas específicas para este fin, ya que la retirada de este material supone un beneficio no solo para los propietarios y usuarios, sino para el conjunto de la sociedad pamplonesa y navarra.
