En Navarra, desde hace unas semanas, observamos de reojo y con cierta distancia el debate ocasionado por el reciente acuerdo formalizado entre el PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña. La izquierda navarra, de indudable vocación federal, a pesar de esta cierta distancia no podemos ni debemos abstraernos de una discusión que ha vuelto a azuzar el debate de la financiación autonómica.
En esta comunidad, la izquierda transformadora que representamos Izquierda Unida, siempre hemos defendido el Convenio Navarro como la pieza clave o como la columna vertebral de nuestro Autogobierno, sustentando en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), aprobada en 1982 por el Parlamento de Navarra y por las Cortes Generales. Huyendo de mitificaciones historicistas más propias de los nacionalismos (vasco y español), la izquierda que representamos IU, defendemos nuestro Autogobierno como una óptima herramienta para garantizar buenas cotas de bienestar social a las familias trabajadoras de Navarra (el histórico estadístico avala de manera concluyente esta afirmación). Y también, hemos defendido siempre nuestro Autogobierno actual como una de las bases sobre las que cimentar la construcción de la República Federal, de ese estado plurinacional que es el Estado Español.
En recientes ocasiones, la derecha neoliberal de otros territorios del estado, a la par que lideraba la suicida carrera del dumping fiscal (bajando impuestos a los grandes capitales a la par que privatiza y desmonta los servicios públicos más elementales), desde el más absoluto y embrutecido desconocimiento de nuestro régimen, tachaba de “insolidarios” o “injustos” al Convenio Navarro o al Cupo Vasco. Esa derecha, al servicio del capitalismo más parasitario, agita de manera periódica los debates territoriales para ocultar su incapacidad en unos casos, y su negativa en otros, para afrontar de manera social y solidaria las necesidades sociales de la ciudadanía de su propio territorio, y por supuesto, de otros territorios.
Como se viene señalando de manera honesta por compañeros y compañeras de nuestro espacio político de otros territorios del estado, la Constitución de 1978 y el sistema autonómico derivado de esta, dibujaron una suerte de sistema dual que de alguna manera autonomizaba el norte (rozando la cuasi confederalización económica y tributaria en algunos casos) y regionalizaba el sur. Ahondando así de manera innegable las brechas históricas existentes, fruto del modelo económico y productivo español que genera claras desigualdades sociales y territoriales, y roles de centro y periferia a las distintas regiones y naciones del país.
La izquierda, tampoco la navarra, no podemos pervertir los conceptos de descentralización y de federalidad que siempre hemos defendido, y desde nuestro análisis de clase y vocación solidaria no podemos tampoco avalar en este momento tacticismos como el que ahora se ha acordado, que ahonden en desigualdades territoriales (por mucho que puedan no afectarnos en nuestro territorio, como es en el caso de Navarra) y que reproduzcan enfrentamientos territoriales en nuestro país. La solidaridad, debe ser uno de los principios que rija en el modelo de relaciones entre el estado y las autonomías, y entre las propias autonomías entre sí, tal y como por cierto recoge el Artículo nº 1 de la LORAFNA y el Artículo nº 2 del Convenio vigente.
Que el sistema de financiación autonómico actual está agotado, incluso también el propio sistema de autonomías diseñado por la Constitución de 1978, es una realidad irrefutable que corrobora de manera objetiva el debate que se está viviendo durante estos días a lo largo y ancho del estado. Pero lo que también es una obviedad, es que, ante este agotamiento, frente a quien apuesta por el unilateralismo singular, la izquierda debemos apostar por desarrollar un amplio debate multilateral, en el que el conjunto de los territorios del estado diseñen un nuevo sistema de financiación autonómico. En ese debate multilateral, la izquierda debemos plantear nuestra propuesta federal y solidaria para dar acomodo a la plurinacionalidad de nuestro país, y Navarra, debemos aportar nuestra propia y peculiar experiencia concreta.
Cada día es más evidente que el consenso constitucional de 1978 se encuentra sobrepasado, y que nuestro país necesita una alternativa federal y solidaria. Esa alternativa, entre otras cuestiones tiene que abordar una reforma global del sistema de financiación para garantizar suficiencia financiera a los servicios públicos, vinculando estos a la población y no a los territorios. Frente a la simple reforma de la Ley Organiza de Financiación de las Comunidades Autónomas, es imprescindible abordar también la reforma integral del modelo de financiación local, para garantizar los servicios públicos prestados por los municipios, ya que estos sustentan un número importante de los derechos de ciudadanía. Y todo ello, de la mano de una necesaria reforma fiscal para la obtención de recursos y garantizar la suficiencia financiera, así como la condicionalidad vinculada al cumplimiento solidario, transparente y efectivo del aporte fiscal de las comunidades para evitar el dumping fiscal o las bajadas de impuestos que lastren la financiación de los servicios públicos.
Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Parlamentario Foral
