Este miércoles 29 de mayo, la Audiencia Provincial de Navarra celebrará un juicio contra un funcionario del departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que se enfrenta a graves acusaciones por revelación de secretos. El fiscal pide hasta 3 años y 5 meses de cárcel por un delito continuado de revelación de secretos o bien de simple revelación de secretos, lo que rebajaría las penas a 2 años y 9 meses de prisión, y multas elevadas.
El juicio se centrará en los actos cometidos por el acusado mientras desempeñaba su labor como administrativo del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. Según la acusación, el funcionario accedió sin autorización a los historiales médicos de una compañera de trabajo, y de su esposo, con la que habría tenido un conflicto laboral, utilizando sus claves de acceso en horario laboral desde los centros de salud de Ensanche y Buztintxuri.
El fiscal sostiene que el acusado, con la intención de vulnerar la intimidad de la mujer y su esposo, accedió repetidamente a información confidencial. En concreto, se le acusa de acceder al historial médico del marido de su compañaera el 19 de agosto de 2020 a las 21:31 horas desde el centro de salud de Buztintxuri. Asimismo, accedió en múltiples ocasiones al historial de su compañera entre 2018 y 2021, obteniendo datos sensibles sobre citas médicas, órdenes clínicas, registros administrativos, y detalles personales.
El acceso a estos datos permitió al acusado obtener información detallada sobre la salud, citas médicas, datos de contacto y otros aspectos privados de las víctimas, lo que constituye una grave violación de su privacidad. Los hechos son considerados constitutivos de un delito de revelación de secretos o de un delito continuado de revelación de secretos, según los artículos 197.2 y 5, 198, y 74 del Código Penal.
El fiscal ha solicitado una serie de penas para el acusado. Por el primer delito, en el caso de que se califique como de relevelación de secretos, se solicita una condena de 2 años y 9 meses de prisión, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 9 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 6 años de inhabilitación absoluta. Por el delito continuado, el ministerio fiscal plantea una pena de 3 años y 5 meses de prisión, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 9 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 10 años de inhabilitación absoluta.
Además, el acusado deberá indemnizar a su ex compañera con 15.000 euros y a su pareja con 5.000 euros por el daño moral causado. El acusado ha consignado 20.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.