El Partido Popular impulsó en el Parlament de las Islas Baleares una propuesta para que el Gobierno central cree un mecanismo de revisión previa sobre la publicidad instalada en los aeropuertos gestionados por Aena en el archipiélago, tras la aparición de un cartel que vinculaba Mallorca al turismo de excesos. La iniciativa, aprobada en la Comisión de Turismo, convierte la imagen exterior del destino en un asunto de disputa institucional entre el Govern balear y la administración central.
El Parlament aprueba exigir supervisión previa de los contenidos publicitarios aeroportuarios
Según Democrata Es, la Comisión de Turismo del Parlament aprobó una proposición no de ley que insta al Ejecutivo central a establecer, con la participación del Govern, un protocolo de supervisión de los contenidos publicitarios presentes en la infraestructura aeroportuaria de las Islas Baleares para garantizar el respeto a la imagen de las Islas.
La diputada del PP María de Lluc Fornàs fue la principal impulsora de la iniciativa. Calificó de "absolutamente incompatible" que las instituciones gobernadas por el PP promuevan políticas de sostenibilidad y limiten el número de visitantes mientras el Gobierno central, a través de Aena y la Secretaría de Estado de Turismo, consiente campañas que proyectan Mallorca como destino asociado a los excesos. La tensión que describe Fornàs no es de fondo ideológico, sino de coherencia institucional: unas administraciones restringen el flujo turístico mientras otra facilita la publicidad que lo estimula en la dirección contraria.
La diputada fue más explícita en su segunda intervención. "Las instituciones, empresas y ciudadanos de las Islas llevan años trabajando para transformar nuestro modelo turístico y no podemos tolerar que estos esfuerzos sean saboteados por Aena", declaró ante la Comisión.
La proposición aprobada incluye además una demanda paralela. El texto insta a la Mesa del Congreso a tramitar la Ley de Cogestión Aeroportuaria, aprobada previamente por el Parlament, para que las Baleares tengan mayor capacidad de decisión sobre la gestión y proyección de sus aeropuertos. La demanda refleja una reclamación estructural que va más allá del cartel concreto que detonó el debate: la falta de competencias autonómicas efectivas sobre infraestructuras de titularidad estatal. La política autonómica en torno a las competencias sobre grandes infraestructuras sigue siendo uno de los ejes de tensión recurrentes entre comunidades con alta dependencia del turismo y el Gobierno central.
La regulación publicitaria en sectores sensibles, un principio que la demanda balear ya conoce
Brenda Grilli, estratega de contenido y especialista en marketing digital con experiencia en mercados de entretenimiento digital de habla hispana, observa en la demanda balear una lógica que ya opera en otros sectores comerciales en España. Lo que el Parlament pide es, en esencia, que la publicidad aeroportuaria quede sujeta a un filtro previo cuando el contenido pueda comprometer la imagen institucional del destino, algo que conecta con el principio de supervisión reforzada que ya rige para ciertos sectores de alta visibilidad pública.
Desde esa perspectiva, Grilli señala que las casas de apuestas españolas ya operan bajo un marco de restricciones estrictas que regula dónde y cómo pueden anunciarse, especialmente en espacios y franjas horarias de alta exposición pública. Ese sector funciona como referente de un modelo en el que la supervisión previa sobre los contenidos comerciales no es excepcional, sino la norma establecida. La tensión que identifica Fornàs entre las políticas del Govern y la publicidad que Aena tolera en sus terminales, apunta Grilli, es exactamente el tipo de incoherencia que los marcos regulatorios sectoriales tratan de evitar.
“Si realmente queremos defender la imagen de nuestras islas, lo que hay que hacer es actuar sobre las causas que generan excesos y perseguir las actividades ilegales”
La cita es del diputado socialista Marco Guerrero, pero la lógica que expresa coincide con la preocupación de fondo que articula el debate sobre quién debe tener la última palabra sobre qué mensajes se emiten en espacios estratégicos de titularidad pública.
El PSOE ve rechazada su propuesta sobre reconversión de establecimientos turísticos obsoletos
La sesión de la Comisión de Turismo no solo produjo la propuesta aprobada del PP. El Grupo Parlamentario Socialista presentó su propia proposición no de ley, centrada en la transparencia y el control público sobre las operaciones de reconversión de establecimientos turísticos obsoletos. Fue rechazada con ocho votos en contra y cuatro a favor, estos últimos de MÉS per Mallorca y el PSOE.
La propuesta socialista tenía un alcance concreto. Pretendía que el Parlament instara al Govern a establecer un marco público para la compra, demolición, densificación y reconversión de locales o inmuebles vinculados a la actividad turística que hubieran recibido financiación autonómica, estatal o europea. El objetivo declarado era que esas operaciones respondieran a criterios públicos verificables, no solo a decisiones de mercado.
El texto iba más lejos en sus exigencias de rendición de cuentas. Proponía que el Govern presentara al Parlament, en un plazo máximo de tres meses, un informe detallado sobre cada actuación de compra, demolición o regeneración de establecimientos turísticos, especificando los criterios de selección, los importes concedidos y la finalidad pública de cada caso. El rechazo de la mayoría deja sin respuesta parlamentaria inmediata la pregunta sobre cómo se gestionan las inversiones públicas en la reconversión del parque turístico balear.
El diputado Guerrero denuncia el auge de fiestas ilegales y acusa al PP de relajar los controles
Marco Guerrero, diputado socialista por Ibiza, utilizó su intervención ante la Comisión para denunciar un problema que, a su juicio, desborda el debate sobre carteles publicitarios. Guerrero señaló el aumento de fiestas ilegales como una consecuencia directa de la relajación de los controles y de la falta de respuesta institucional.
Los casos que citó son recientes y concretos. Mencionó una fiesta ilegal desmantelada ese mismo miércoles en Sant Mateu y fue categórico al situar la raíz del problema. "El municipio de Sant Antoni es el epicentro de los excesos", afirmó ante la Comisión.
La crítica al PP fue directa. Guerrero reprochó al partido de gobierno haber rebajado las medidas de control contra el turismo de excesos, haber relajado la persecución de fiestas ilegales y haber abandonado las políticas de tolerancia cero que se habían impulsado al inicio de la legislatura. El PSOE defendió la urgencia de recuperar instrumentos efectivos para combatir ese tipo de turismo y restablecer una línea de actuación firme ante las actividades ilegales.
La exigencia de Guerrero quedó formulada con precisión al concluir su intervención. "Si realmente queremos defender la imagen de nuestras islas, lo que hay que hacer es actuar sobre las causas que generan excesos y perseguir las actividades ilegales", declaró, dejando planteada una demanda que, tras la sesión, sigue sin respuesta institucional concreta.
