La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha dictado sendos autos en los que rechaza la inclusión de dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como víctimas mortales en el procedimiento que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Tras analizar las solicitudes de los familiares, la jueza ha concluido que no es posible establecer un nexo causal directo entre estos fallecimientos y los hechos delictivos que son objeto de la investigación judicial en la provincia de Valencia.
En la misma línea, la instructora ha descartado en un tercer auto la inclusión como víctima de una mujer que denunció padecer lesiones psicológicas derivadas de la catástrofe. La resolución aclara que, si bien el impacto de la inundación es "indudable", la vía penal para investigar delitos de omisión del deber de socorro o lesiones imprudentes en este contexto ya fue descartada por la Audiencia Provincial el pasado mayo de 2025.
Orden para recuperar comunicaciones clave
Dentro de las diligencias previas, la jueza ha emitido una providencia de gran relevancia para el esclarecimiento de los hechos. En ella, requiere a la Policía Judicial de la Guardia Civil que gestione con las operadoras de telefonía y las plataformas WhatsApp y Telegram la recuperación de los mensajes intercambiados el día de la tragedia.
El foco de esta diligencia se centra en las comunicaciones mantenidas entre el que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con el propio exdirigente y otros seis cargos públicos. El objetivo es reconstruir el flujo de información y la toma de decisiones durante las horas críticas de la emergencia.
Rechazo a la comparecencia presencial de Feijóo
Por otro lado, el juzgado ha desestimado el recurso de una de las acusaciones particulares que solicitaba que la declaración del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se realizara de forma presencial. La magistrada mantiene así la validez de su testimonio prestado de forma telemática el pasado 9 de enero.
Finalmente, la justicia también ha denegado la ampliación de un informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la vigilancia de barrancos y el papel de los agentes medioambientales, acotando así el alcance de las pruebas documentales en esta fase de la instrucción.
