El Defensor del Pueblo de Navarra ha instado al Ayuntamiento de Tafalla a valorar la anulación de las sanciones impuestas en dos periodos en los que se incrementaron significativamente las denuncias por estacionamiento en el casco antiguo. Según la resolución emitida, la función de denuncia policial «pudo no ejercerse de forma adecuada». Además, recomienda adoptar medidas urgentes para reforzar la señalización en la zona, una de las principales demandas vecinales.
La controversia surgió tras la queja de una residente, respaldada por una recogida de firmas, en la que se denunciaba un supuesto abuso policial en la imposición de multas. La afectada argumentaba que los agentes estaban sancionando estacionamientos tradicionalmente tolerados sin que existiera una orden expresa del Ayuntamiento ni de la Jefatura de Policía.
El informe municipal reconoce que las denuncias se dispararon en dos momentos concretos: el 14 de junio de 2024, con 14 sanciones, y entre el 17 y el 26 de enero de 2025, con al menos 56 multas. En algunos casos, las infracciones se habrían producido en zonas sin una señalización clara, como la calle Peralta, donde aún no se habían finalizado las obras de acondicionamiento.
El alcalde de Tafalla ya expresó su disconformidad con la situación, afirmando que ni el Ayuntamiento ni la Jefatura de Policía ordenaron estas sanciones, atribuyéndolas a la «iniciativa de algunos agentes». Ahora, el Defensor del Pueblo sugiere corregir la situación y garantizar que la regulación del estacionamiento se ajuste a criterios de claridad y equidad.
El Defensor insinúa que el origen de las multas tiene que ver con el conflicto interno o laboral dentro del cuerpo de policía local de Tafalla (la mayoría de la plantilla pide el cese del Jefe de Policía) al añadir que " si, como parece suceder, en la actuación y decisión de denuncia policial de los estacionamientos ha podido incidir de forma relevante o determinante la existencia de un conflicto interno o laboral dentro del cuerpo de la policía local, se podría haber incurrido en desviación de poder, pues se estaría ejerciendo una potestad pública para fines que, realmente, no son los perseguidos por el ordenamiento, es decir, para denunciar estacionamientos por razones que se alejan de las inherentes a la debida ordenación del tráfico y de los estacionamientos en defensa de los derechos de la ciudadanía".
