La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo acusado de provocar varios incendios en empresas de tratamiento de madera y distribución de palés ubicadas en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia y Castellón. Los delincuentes se ponían en contacto con las víctimas para proponerles un acuerdo, y controlar el precio de compra de palés. Si las víctimas se negaban, sufrían amenazas e, incluso, les incendiaban sus negocios. El total de los daños asciende a aproximadamente 600.000 euros.
La investigación arrancó hace un año tras un incendio intencionado en una empresa dedicada al tratamiento de madera y distribución de palés en Ibi (Alicante). En total se quemaron cuatro camiones, la estructura quedó afectada y los daños materiales ascendieron a un valor aproximado de 250.000 euros.
Fue el propio empresario afectado quien confesó que había sido víctima de amenazas y coacciones por teléfono por una persona desconocida, que previamente le había propuesto un acuerdo colusorio para repartirse el mercado de compra de palés en la provincia de Alicante.
Durante la inspección ocular del incendio, se encontraron dos garrafas con restos de carburante que condujeron a los agentes a una tienda de Alcalá de Henares (Madrid) donde habían sido adquiridas días antes del incidente.
Los investigadores lograron la identificación del grupo criminal responsable del incendio: una organización compuesta por tres hombres y tres mujeres, vecinos de Alcalá de Henares, de edades entre 26 y 51 años, pertenecientes todos a una misma familia.
Las funciones estaban claramente definidas. Por un lado, el propietario de varias empresas dedicadas a la compra y venta de palés dirigía la banda. Por otra parte, los hombres detenidos se encargaban de amenazar e incluso de incendiar los establecimientos, mientras que las mujeres se encargaban de las tareas logísticas.
Además del incidente de Ibi, los detenidos habían cometido otros cinco incendios en empresas similares de Torrejón de Ardoz (Madrid), Alcalá de Henares (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Quart de Poblet (Valencia) y Almazora (Castellón).
Cuatro de los miembros han sido detenidos, mientras que los otros dos componentes están siendo investigados. Según su grado de participación se les han imputado los siguientes delitos: seis delitos de daños por un valor aproximado a los 600.000 euros, uno de amenazas, uno de extorsión, uno de coacción, uno contra la libre competencia y otro por pertenencia a organización criminal.
De las detenciones e investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ibi, órgano designado para llevar la causa judicial. La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que aumente el número de víctimas o detenidos.
