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El incentivo al empleo llega a 735.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital en tres años

La compatibilidad entre la prestación y el trabajo impulsa la inserción laboral en un escenario de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social

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El sistema de protección social en España ha consolidado en los últimos tres años el incentivo al empleo, un mecanismo diseñado para que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puedan acceder al mercado laboral sin perder automáticamente su prestación. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta medida se ha aplicado ya en 735.000 hogares, permitiendo que el trabajo actúe como una herramienta de inclusión real y no como una causa de exclusión de las ayudas públicas.

La normativa actual establece que el cobro del IMV es compatible con los ingresos salariales, siempre que estos no superen los umbrales de renta garantizada fijados para cada unidad de convivencia. Con el objetivo de perfeccionar este modelo, se ha aprobado recientemente una modificación que simplifica el cálculo de estos estímulos y refuerza la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Esta estrategia busca que los perceptores de la prestación participen de forma más activa en los programas de empleo digno y mejoren su empleabilidad a largo plazo.

Integración laboral de colectivos específicos

El mercado de trabajo también refleja avances significativos en la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad o procesos de regularización. Las autorizaciones de residencia por arraigo han permitido que más de 214.000 personas extranjeras se encuentren ya afiliadas a la Seguridad Social. Del mismo modo, el marco normativo ha facilitado que miles de personas desplazadas por la guerra en Ucrania y jóvenes ex tutelados se incorporen al tejido productivo, obteniendo su primer alta laboral.

Estabilidad y reducción de la temporalidad

Más allá de las cifras de ocupación, la evolución del mercado de trabajo destaca por una mejora en la calidad de la contratación. El peso de la temporalidad se ha reducido drásticamente en los últimos años, situándose actualmente por debajo del 12%. Este fenómeno es especialmente visible entre los trabajadores mayores de 55 años, un colectivo que ha visto cómo sus contratos ganan estabilidad. El incremento de los contratos indefinidos a tiempo completo se posiciona como el principal motor de esta transformación.

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