El requerimiento del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) a la sociedad gastronómica Napardi para que admita a mujeres como socias ha reabierto el debate político en Navarra sobre los límites entre el ámbito privado y el derecho a la igualdad.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que «tanto Napardi como el INAI tienen que cumplir las leyes». Según ha afirmado, «parece que el INAI no tiene competencia para obligar» y que lo realizado sería «una recomendación», por lo que «legítimamente Napardi puede tomar la decisión de aceptar esa recomendación o de no aceptarla». Esparza ha subrayado que la sociedad «forma parte de la vida cultural y gastronómica de Pamplona desde hace mucho tiempo» y que es «una decisión que les corresponde a ellos».

En la misma línea, el presidente del PP, Javier García, ha recalcado que se trata de «una entidad privada» que «en su seno ha votado». «Poco más que añadir a esta cuestión», ha indicado, aunque ha defendido que el INAI actúa «dentro de sus funciones» al proteger la igualdad. Además, ha introducido en el debate el ejemplo de Cintruénigo, donde su formación ha pedido que la cesión de instalaciones municipales con motivo del Ramadán se haga «en garantías de igualdad» y sin impedir la entrada a mujeres.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que «en pleno siglo XXI la igualdad no es opcional, porque es un derecho constitucional». A su juicio, que «en pleno año 2026 siga habiendo espacios donde se prohíba participar a las mujeres» no responde a la tradición, sino que «es una auténtica discriminación y punto». Ha añadido que «no estamos hablando de costumbres, sino de derechos» y que el feminismo y el trabajo por la igualdad «es más necesario que nunca».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que «este tipo de comportamientos o actitudes machistas no tienen ninguna justificación ni tampoco se puede utilizar como excusa la tradición». Ha defendido que «la igualdad entre hombres y mujeres tiene que hacerse efectiva siempre, todos los días, en todos los sitios y en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado».

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado que «hay que avanzar en materia de igualdad en todos los aspectos de la ciudadanía y de la vida de nuestra sociedad». Aunque ha reconocido que se trata de una sociedad privada, ha señalado que «puede darse el debate de forma global» y que es «necesario avanzar también en esta materia de igualdad en todos los aspectos de la sociedad».

Finalmente, desde Contigo Zurekin, Carlos Guzmán ha afirmado que «no podemos compartir el posicionamiento anacrónico de esa sociedad gastronómica». «Vivimos en pleno año 2026 en una sociedad como la navarra en la cual los derechos de las mujeres y de los hombres tienen que ser iguales», ha señalado. Ha rechazado que el carácter privado pueda amparar «discriminaciones tan evidentes» y ha respaldado la actuación del INAI, haciendo «un llamamiento al conjunto de pamploneses y pamplonesas y a los socios de esa sociedad a que asuman que la igualdad de derechos tiene que ser real y efectiva también en el ámbito privado».

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha respaldado este lunes las medidas impulsadas por el Departamento de Salud para abordar la situación del servicio de traumatología, en el centro de la polémica en los últimos meses por su peso en las listas de espera. Según ha recordado, la preocupación por esta especialidad —que llegó a concentrar una de cada cuatro personas pendientes de intervención— ya había sido trasladada “hace varios meses” por el consejero, en un contexto en el que su evolución difería de la de otras áreas sanitarias.

Chivite ha subrayado que, aunque esa dinámica “se ha ido corrigiendo” progresivamente, el Ejecutivo encargó una auditoría específica para analizar el funcionamiento del servicio. El informe resultante, ha explicado, incluye una serie de propuestas orientadas a mejorar la gestión, entre ellas el control de horarios del personal sanitario.

En este sentido, la presidenta ha defendido la implantación de un sistema de fichaje como una medida alineada con dichas recomendaciones técnicas. A su juicio, esta decisión no solo contribuirá a optimizar los recursos y reducir las listas de espera, sino que también puede repercutir positivamente en las condiciones laborales de los profesionales. “Se quejan de exceso de horas o de carga de trabajo”, ha señalado, en referencia a parte del colectivo sanitario.

Chivite ha querido restar polémica al control horario, enmarcándolo en una práctica habitual en numerosos sectores. “En muchos empleos ya es obligatorio; se hace básicamente por la protección del trabajador”, ha afirmado, insistiendo en que no debería generar recelo entre los sanitarios.

La presidenta ha concluido reiterando su confianza en que la aplicación de las recomendaciones de la auditoría permita “redondear” la mejora del servicio y avanzar en la reducción de los tiempos de espera, uno de los principales retos actuales del sistema sanitario navarro.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este lunes la decisión del Departamento de Educación de reducir unidades en el próximo curso, una medida que ha generado críticas por parte de varios grupos parlamentarios, como Geroa Bai, UPN y hasta EH Bildu, que reclaman una moratoria de un año para evitar el cierre de aulas tanto en la red pública como en la concertada.

Chivite ha explicado que la planificación educativa responde “claramente a criterios estrictamente técnicos”, apuntando a la evolución demográfica como principal factor. “Tenemos 700 niños menos de 3 años que en el año 2022”, ha señalado, para justificar que la oferta educativa debe ajustarse a la demanda real.

Según ha indicado, la reducción de unidades ha sido una tendencia sostenida en los últimos años. “A lo largo de todos estos años, desde que estamos en el Gobierno, han ido reduciéndose las unidades porque efectivamente tenemos menos niños”, ha afirmado, defendiendo que la administración debe “poner los recursos allí donde está la demanda”.

En relación con las críticas políticas, la presidenta ha reprochado que “en la pública ha habido reducciones de unidades durante todos estos años y ningún partido político ha dicho absolutamente nada”.

Sobre la petición de moratoria planteada por UPN, EH Bildu y Geroa Bai, Chivite ha recordado que el acuerdo programático del Ejecutivo contempla expresamente este tipo de ajustes. “Cuando no haya demanda, el compromiso político es reducir las unidades concertadas, y lo pone de manera literal”, ha subrayado.

No obstante, ha confirmado que el Departamento de Educación ha encargado un informe jurídico para analizar la propuesta de los grupos parlamentarios. “Veremos qué dice ese informe jurídico”, ha añadido, dejando abierta la posibilidad de estudiar el alcance de la petición.

El Parlamento de Navarra celebra este lunes, 20 de abril de 2026, una sesión marcada por una amplia batería de iniciativas legislativas, de control al Gobierno y de impulso político que abarcan cuestiones económicas, sociales e institucionales de primer orden. La jornada arrancará con la habitual reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, donde se ordenará la tramitación de iniciativas y se decidirá la incorporación de propuestas al orden del día de próximas sesiones plenarias.

Fiscalidad y cuentas públicas

Uno de los puntos centrales será el Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2024, que permitirá analizar la ejecución presupuestaria del último ejercicio, continuando así con el debate de estos días tras el informe de Comptos que daba el visto bueno a las cuentas de ese año-polémica incluida tras la cláusula de discrencia del auditor que realizó el informe.

También figura el Decreto-ley Foral 1/2026, de 15 de abril, que introduce medidas fiscales extraordinarias en respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio, un texto que seguirá generando posicionamientos contrapuestos entre los grupos parlamentarios. En materia fiscal, se formularán además preguntas sobre el reparto del superávit, la deflactación del IRPF y la planificación del Plan de Inversiones. EH Bildu ademas ha registrado una ley que modifica la ley foral de contratos. 

Comparecencias: educación, industria y sanidad

El orden del día incluye dar visto bueno a tres peticiones de comparecencias: por un lado del consejero de Educación, para informar sobre la resolución de conciertos educativos, en un contexto de debate sobre la planificación de la red escolar; otra del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, para dar cuenta del proceso de implantación de la empresa Hithium en Navarra, una operación industrial de alcance estratégico. Por su parte, se estudiará si se acepta que el consejero de Salud explique la situación de contratos en posible enriquecimiento injusto en el ámbito sanitario, un asunto que centra parte de la atención parlamentaria por su dimensión administrativa y jurídica.

Interpelaciones y política general

En el capítulo de interpelaciones, todo apunta a que habrá luz verde a que el Parlamento abordará la política migratoria del Gobierno y los procesos de regularización, así como la estrategia para la diversificación de la oferta académica de la Universidad Pública de Navarra.

Mociones: energía, educación y memoria histórica

Entre las mociones destacadas, se debatirá una iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a impulsar la tramitación de proyectos de autoconsumo colectivo de energía eléctrica, con el objetivo de acelerar la creación de comunidades energéticas. Otra moción solicita que no se proceda al cierre de aulas de educación infantil, ni en la red pública ni concertada, en el marco de la planificación del próximo curso escolar.

También se debatirá una iniciativa de carácter político e histórico que insta al Gobierno de España a avanzar en el reconocimiento de la responsabilidad estatal en los sucesos de los sanfermines de 1978 en Pamplona y del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Asimismo, se estudiará su admisión a trámite de una moción que propone desarrollar un proyecto piloto para la implantación de supermercados públicos en mercados municipales de Pamplona y Tudela, vinculada a políticas de proximidad y regulación del comercio alimentario.

Sesiones de trabajo y visitas

Entre las sesiones de trabajo, destaca la presentación del Informe de siniestralidad laboral en Navarra 2025 por parte de sindicatos, así como la exposición de la estrategia territorial del euskera 2036, centrada en la planificación lingüística a medio y largo plazo. También se abordarán experiencias de prevención comunitaria con infancia y adolescencia en distintas zonas de Navarra, con el objetivo de analizar resultados y conclusiones. Además, debatiorá si se program una visita al yacimiento arqueológico de Bargota, en Mañeru.

Control al Gobierno

La sesión de control incluirá la admisión a trámite de numerosas preguntas orales sobre política económica, sanidad, educación y gestión pública. Entre ellas, destacan cuestiones sobre el acceso de personas migrantes a la renta garantizada, el reparto del superávit, la situación de las listas de espera en traumatología, la gestión del programa piloto para menores infractores, el impacto del acuerdo con Hithium o la planificación del sistema universitario.

También se formularán preguntas sobre el avance de las obras del túnel de Belate, el funcionamiento del servicio de traumatología y la política fiscal del Ejecutivo.

Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, ha comparecido este mediodía ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra para presentar el informe de las cuentas generales de Navarra de 2024, en una sesión marcada tanto por los datos económicos como por la controversia en torno a la cláusula de discrepancia planteada por el auditor autor del borrador inicial.

En su exposición, Cabeza ha subrayado la evolución positiva de los principales indicadores económicos. «El resultado presupuestario ha aumentado, de 96 a 124 millones; el ahorro bruto, de 687 a 729 millones; y el remanente de tesorería para gastos generales, de 196 a 412 millones. También la deuda financiera se ha reducido, pasando de 2.695 a 2.205 millones», ha detallado.

No obstante, ha advertido de que la reactivación de las reglas fiscales, suspendidas durante la crisis de la pandemia, «obligará a limitar el crecimiento del gasto público». El informe recoge que en la última década el gasto de la Administración Foral ha crecido un 52%, lo que supone un 22% en términos reales, descontando la inflación.

En materia de personal, el presidente de Comptos ha señalado que el gasto aumentó un 7% respecto a 2023 y que a finales de 2024 trabajaban en la Administración Foral 32.452 personas. Tras los procesos de estabilización, la tasa de temporalidad se ha reducido del 27% en 2021 al 16% en 2024.

Cabeza también se ha referido a la duplicación del Túnel de Belate. Según ha explicado, en 2024 se abonaron ocho certificaciones de obra por 5,5 millones de euros. La UTE adjudicataria presentó en octubre una propuesta de modificación por importe de 8,5 millones, que fue aprobada por el director general de Obras Públicas, pero quedó paralizada tras el reparo suspensivo de la Intervención General.

La cláusula de discrepancia centra el debate político

La comparecencia ha estado especialmente marcada por la cláusula de discrepancia presentada por el auditor encargado del borrador. Cabeza ha recordado que esta figura, prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos, está pensada para proteger a los técnicos ante una eventual manipulación por parte de la Presidencia.

«Aquí no estamos hablando de eso —ha afirmado—, sino ante una modificación de erróneas interpretaciones jurídicas y de una incorrecta aplicación de las normas técnicas de auditoría».

Auditor de la institución durante más de treinta años, Cabeza ha defendido que en los informes «deben prevalecer los principios de evidencia de auditoría, objetividad, ponderación, prudencia e imparcialidad». Ha insistido en que la evidencia suficiente y pertinente es un principio básico, así como la «autocontención» para no desbordar el ámbito técnico y el respeto al criterio de la Asesoría Jurídica en las opiniones legales.

Según ha explicado, la corrección del borrador se realizó para garantizar estos principios y contó con la colaboración del resto de miembros de la Cámara, a quienes ha agradecido su «rigor técnico, independencia, libertad y valentía».

Las críticas han llegado principalmente desde la oposición. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha acusado al presidente de convertirse en «el mejor defensor del Gobierno de Navarra» y ha denunciado una supuesta humillación al auditor. Irene Royo, del PP, ha reconocido la capacidad del presidente para aprobar el informe, pero también ha considerado que la institución «sí ha humillado al auditor».

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN y PP que centren el debate en la discrepancia en lugar del contenido del informe económico. En la misma línea, Laura Aznal (EH Bildu) ha destacado la buena situación de la Hacienda Foral y ha interpretado la cláusula como «un voto particular», asegurando que el borrador contenía opiniones personales.

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha atribuido la evolución económica a la reforma fiscal de 2016 y ha respaldado la actuación del presidente. Por su parte, Miguel Garrido (Sumar) ha defendido que Cabeza tenía la obligación de corregir un informe si lo consideraba incorrecto, mientras que Emilio Jiménez (Vox) ha pedido su dimisión por el daño reputacional a la institución.

En su turno final, Ignacio Cabeza ha reiterado que el borrador incluía juicios de valor personales y opiniones jurídicas contrarias al criterio de la asesoría, además de inmiscuirse en competencias del Parlamento y del Gobierno. «He actuado responsablemente, con el apoyo del resto de miembros de la institución», ha concluido.

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha defendido este viernes en Barcelona el papel de las políticas públicas, la unidad del bloque progresista y la fortaleza de la democracia frente al avance de la ultraderecha, durante su intervención en la cumbre internacional Global Progressive Mobilisation (GPM).

El encuentro reúne a líderes internacionales del ámbito progresista, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno de España y de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, quien actúa como anfitrión del foro.

Durante su participación, Chivite ha subrayado la importancia de reforzar la colaboración entre fuerzas progresistas a nivel global. “Que los progresistas del mundo trabajemos unidos demuestra que somos un movimiento vivo, con ideas y con ganas de seguir avanzando”, ha afirmado, destacando que el progreso “solo puede construirse de forma justa desde estos valores”.

La dirigente socialista ha puesto en valor el papel de Navarra como ejemplo de estabilidad y avance en un contexto internacional complejo. En este sentido, ha asegurado que la Comunidad Foral es “un baluarte del progreso en España y en Europa”, construido desde principios progresistas “hoy más necesarios que nunca”. Además, ha defendido el papel del socialismo como motor de liderazgo político: “No hemos nacido para resistir, sino para liderar”.

Chivite también ha advertido de los riesgos que afrontan las democracias ante el auge de la ultraderecha. A su juicio, su “capacidad de arrastre a la derecha tradicional” obliga a reforzar el compromiso con los valores democráticos y a intensificar la acción política “desde la convicción y el bien común”.

En clave de gestión, la presidenta ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo foral con el impulso de políticas públicas centradas en la educación, la sanidad y el desarrollo económico sostenible. Ha destacado la necesidad de fortalecer los servicios esenciales y de consolidar una industria capaz de atraer inversiones y generar empleo.

Asimismo, ha situado el acceso a la vivienda como una de las prioridades de su Gobierno. “Vamos a seguir desarrollando un modelo que blinde lo público y facilite el acceso a la vivienda, especialmente a quienes más dificultades tienen”, ha señalado.

El PSN-PSOE ha reafirmado con esta participación su apuesta por seguir construyendo una Navarra “más justa, moderna y solidaria”, contribuyendo desde el ámbito regional al fortalecimiento de una España y una Europa comprometidas con la democracia, la igualdad y el bienestar social.

El debate sobre memoria histórica volvió a evidenciar las diferencias políticas en el Parlamento de Navarra durante el pleno celebrado este jueves. El portavoz de VOX, Emilio Jiménez, anunció el voto en contra de su grupo a una moción presentada por Contigo-Zurekin y centró su intervención en recordar la figura de una religiosa navarra asesinada durante la Guerra Civil.

La iniciativa debatida instaba al Instituto Navarro de la Memoria a elaborar un estudio historiográfico sobre el Patronato de Protección a la Mujer, así como a organizar un acto oficial de reparación y declarar un Lugar de la Memoria vinculado a esta institución en Navarra.

Durante su intervención, Jiménez cuestionó el enfoque de la propuesta y criticó lo que definió como una “memoria selectiva”. En este contexto, evocó la figura de Apolonia Lizárraga y Ochoa de Zabalegui, natural de la localidad navarra de Lezaun, asesinada en 1936 en Barcelona. El parlamentario relató su detención y muerte a manos de milicias en los primeros compases de la Guerra Civil, utilizando este caso como ejemplo para reclamar un reconocimiento más amplio de las víctimas.

El portavoz de VOX defendió que su formación apuesta por una “visión completa” de la historia y justificó su rechazo a la moción al considerar que no aborda todas las realidades del pasado. Asimismo, recordó que el Patronato de Protección a la Mujer fue creado a comienzos del siglo XX y experimentó distintas reformas a lo largo de diferentes etapas políticas hasta su desaparición en 1985.

El debate también incluyó referencias a otros casos de violencia en el contexto de la Guerra Civil, así como críticas a las políticas actuales en materia de memoria. Jiménez amplió su intervención para señalar problemas contemporáneos que, a su juicio, afectan a la sociedad navarra, especialmente en relación con la seguridad y la situación social de las mujeres.

La moción de Contigo-Zurekin se enmarca en las políticas públicas de memoria impulsadas en los últimos años en Navarra, orientadas a investigar, reconocer y reparar a víctimas de diferentes etapas históricas. Sin embargo, el debate parlamentario volvió a poner de manifiesto la falta de consenso político en torno a cómo abordar este ámbito.

El SATSE Navarra ha exigido una rectificación pública tras las declaraciones realizadas en el Parlamento de Navarra por una médica de Atención Primaria, al considerar que trasladan una imagen “injusta, sesgada y ofensiva” del colectivo enfermero.

En un comunicado, el sindicato denuncia que dichas manifestaciones sitúan a la enfermería como parte del problema de la sobrecarga asistencial, en lugar de reconocer su papel como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario. “Enfermería no interrumpe: contiene, valora, prioriza, filtra y resuelve”, subraya la organización, que reivindica la labor de estos profesionales en la atención inicial de los pacientes y en la gestión de la demanda asistencial.

SATSE considera especialmente grave que se cuestione el trabajo enfermero en un momento de especial fragilidad para la sanidad pública navarra. A su juicio, este tipo de discursos contribuyen a generar división interna entre profesionales en lugar de abordar las causas estructurales de la sobrecarga, como la falta de personal o los déficits de planificación.

El sindicato también apunta a la Administración por haber sostenido durante años un modelo basado en el “sobreesfuerzo” de los equipos y en una ambigüedad competencial que obliga a las enfermeras a asumir responsabilidades sin el respaldo normativo suficiente. En este sentido, advierte de que muchas de las tareas que desempeñan implican valoración clínica, seguimiento y toma de decisiones, pese a no contar siempre con la cobertura legal adecuada.

Asimismo, SATSE rechaza que se responsabilice a la enfermería de problemas estructurales como la escasez de médicos o el colapso organizativo de la Atención Primaria. “Son una de las pocas certezas que mantienen en pie los centros de salud”, defiende la organización.

Por todo ello, el sindicato reclama una disculpa pública o, al menos, una reconsideración de las palabras pronunciadas, apelando a la responsabilidad de las voces con proyección pública para contribuir a la cohesión en un sistema “exhausto”. “Sin enfermería, la Atención Primaria no colapsaría mañana: colapsaría hoy”, concluye.

El Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución que emplaza al Gobierno foral a impulsar medidas contra la especulación inmobiliaria, en un contexto de creciente presión sobre el acceso a la vivienda. La iniciativa, respaldada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, salió adelante pese al rechazo de UPN, PPN, Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita.

El texto aprobado plantea analizar posibles cambios normativos en materia de vivienda y urbanismo para incorporar herramientas que permitan limitar la compra especulativa en zonas de mercado residencial tensionado, priorizando el uso de los inmuebles como residencia habitual.

Además, la resolución incluye el impulso de convenios de cesión de uso a largo plazo con entidades propietarias de viviendas infrautilizadas —incluidas instituciones religiosas— para destinarlas a programas de vivienda social, una medida que busca ampliar la oferta sin depender exclusivamente de la nueva construcción.

Durante el debate, EH Bildu propuso añadir la elaboración de un informe jurídico en seis meses para estudiar la viabilidad de restringir la compra de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos de inversión. Sin embargo, la enmienda no fue aceptada por el Partido Socialista de Navarra, promotor de la iniciativa.

La resolución parte de la premisa de que el acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los principales retos sociales y económicos de la Comunidad Foral. Aunque en los últimos años se han desarrollado instrumentos como la vivienda protegida, la regulación de zonas tensionadas o incentivos a la rehabilitación, los grupos favorables consideran que estas medidas resultan insuficientes ante la actual dinámica del mercado.

Por ello, el Parlamento aboga por innovar en las políticas públicas, anticipándose a los cambios del sector inmobiliario y apostando por soluciones que refuercen la función social de la vivienda. Entre ellas, destaca la movilización del parque inmobiliario infrautilizado como alternativa a las tensiones especulativas, con el objetivo de facilitar el acceso a jóvenes y familias trabajadoras.

El Parlamento de Navarra ha instado al Gobierno foral a respaldar la iniciativa internacional de un Tratado sobre Combustibles Fósiles, en una resolución aprobada este jueves que refuerza el compromiso de la Comunidad con la lucha contra la emergencia climática.

La propuesta ha salido adelante con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y el rechazo de PPN, Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita. En el texto, la Cámara reafirma su adhesión a los objetivos del Acuerdo de París y a las metas de reducción de emisiones fijadas por el IPCC.

Además, el Parlamento respalda formalmente el impulso de un tratado internacional que promueva la no proliferación y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, y exhorta tanto al Gobierno de Navarra como al Ejecutivo central a sumarse a esta iniciativa. El texto también plantea la necesidad de divulgar esta propuesta entre la ciudadanía y fomentar el debate con instituciones y agentes sociales.

La resolución incide en la importancia de avanzar hacia una transición energética “justa y equitativa”, que tenga en cuenta a los trabajadores, comunidades y economías dependientes de los combustibles fósiles, evitando dejar a nadie atrás en el proceso de cambio.

En su exposición de motivos, la iniciativa —impulsada por Geroa Bai— subraya que los combustibles fósiles son responsables de cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de alrededor del 90% del CO₂, situándose en el centro de la crisis climática global. Asimismo, advierte de que, pese a las alertas científicas, la producción prevista de petróleo, gas y carbón sigue creciendo a nivel mundial.

El Tratado sobre Combustibles Fósiles, aún en fase de desarrollo, cuenta ya con el respaldo de países, ciudades, organizaciones civiles y organismos internacionales, y busca establecer un marco jurídico vinculante que permita frenar la expansión de estas energías y acelerar la transición hacia modelos sostenibles.

Con esta resolución, Navarra se posiciona a favor de un mayor compromiso institucional en la reducción de emisiones y en el impulso de políticas climáticas alineadas con la ciencia y los objetivos internacionales.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha calificado la reducción de los conciertos educativos en Navarra como «no solo un recorte de medios y recursos, sino un atentado a la libertad que las familias navarras tienen para decidir el tipo de educación que desean para sus hijos e hijas».

Ante esta situación, la formación foralista ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Parlamento de Navarra «para blindar la libertad de elección de las familias y el peso y la estabilidad de la enseñanza concertada en Navarra». La iniciativa incluirá, entre otras medidas, una moratoria de un año en la aplicación de la reducción de los conciertos educativos contemplada en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, que regula los conciertos educativos en la Comunidad foral.

UPN sostiene que la bajada de la natalidad «es una oportunidad única para reconfigurar el mapa educativo navarro introduciendo factores de calidad que permitan garantizar una escuela sostenida con fondos públicos que dé respuesta a las necesidades de nuestra Comunidad Foral».

En este sentido, los regionalistas aseguran que «todos los sindicatos de las redes pública y concertada» se habían posicionado a favor de que el descenso demográfico sirviera para ajustar el sistema a la nueva realidad. «Hoy es el día en el que el Departamento no ha escuchado a la comunidad educativa y se encuentra con una situación que habría podido prever sin afectar a los derechos de las familias navarras», han criticado.

Según UPN, la decisión «condena a 14 centros a limitar su capacidad de respuesta a la demanda», y lo hace «no solo por unos años, sino durante todo el ciclo educativo obligatorio que dura nada menos que 13 años». Argumentan que, aunque la demanda se recupere en el futuro, en ese grupo de edad no se concederá un nuevo grupo durante todo su recorrido educativo.

La formación también ha advertido de que la medida podría no quedarse ahí. «La sectaria decisión de no permitir aumentar los grupos actuales en la enseñanza concertada, aunque exista demanda para ello, firmada por los socios del Gobierno de Chivite en su acuerdo, agrava aún más la situación», han señalado, al considerar que la eliminación de aulas se verá reforzada por la imposibilidad de recuperarlas.

Además de la proposición de ley, UPN reclamará «la apertura de un diálogo en la comunidad educativa sobre la visión del sistema educativo» y la elaboración de «un estudio serio basado en parámetros reales» que ofrezca soluciones respetuosas con las decisiones de las familias, la estabilización del empleo y el mantenimiento de la calidad de un sistema que, a su juicio, ha sido durante años referente nacional por su nivel de inclusión e innovación.

El tercer acto público de reconocimiento y reparación a 81 personas víctimas de violencia política, amparado por la Ley Foral 19/2019, se llevó a cabo este miércoles en Baluarte. Este acto se centró en las víctimas de acciones violentas con motivación política provocadas por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, destacando el compromiso del Estado español con la memoria histórica y la reparación de las víctimas.

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, resaltó los avances en la construcción de una 'verdad compartida' para fortalecer la democracia y la convivencia. Durante el evento, Txaro Echechipía, una de las personas reconocidas como víctimas, expresó que 'el camino, aunque incompleto, está mereciendo la pena'. Martín Zabalza, presidente de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, también valoró el trabajo realizado por la Comisión, que ha notificado 122 reconocimientos y continúa procesando cerca de un centenar de peticiones.

Un compromiso con la verdad y la justicia

El evento contó con la participación de víctimas, familiares, miembros de la Comisión y representantes de diversas instituciones navarras. La vicepresidenta Ollo agradeció la presencia de las personas reconocidas y destacó la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones públicas en este proceso de reconocimiento. Señaló que hace una década, este tipo de actos parecían impensables, pero ahora forman parte de un 'auzolan democrático' que busca sanar desde lo individual hacia lo colectivo.

Ollo enfatizó la importancia de recordar cómo se alcanzaron los derechos humanos y abogó por una defensa activa de los mismos. En su intervención, afirmó que 'la verdad compartida es la única base posible para una convivencia duradera'. Este tercer acto, según Ollo, es un compromiso con el futuro, reconociendo el pasado para asegurar un mañana mejor.

Un proceso de reconocimiento y reparación en curso

El director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, destacó el rigor del proceso de reconocimiento, que se basa en una metodología inspirada en procedimientos internacionales. Zabalza subrayó que el reconocimiento de las víctimas es un compromiso de verdad y reparación que exige un Estado de Derecho moderno. Este trabajo, dijo, aporta valor a un marco público de convivencia y garantiza la no repetición de vulneraciones de derechos humanos.

Txaro Echechipía, en representación de las víctimas, hizo un llamamiento a continuar en el 'camino colectivo' hacia la verdad, agradeciendo a quienes han contribuido a este proceso. Echechipía compartió su experiencia personal y destacó la importancia de dar pasos hacia la verdad, aunque sean pequeños e incompletos.

El apoyo institucional y social a las víctimas

La tipología de las personas reconocidas como víctimas incluye situaciones de malos tratos, torturas, atentados y agresiones de grupos de extrema derecha. El 70% de las víctimas son hombres, y el reconocimiento abarca hechos desde 1950 hasta la actualidad. La Comisión y el Gobierno actúan a partir de las solicitudes presentadas por las víctimas o sus representantes.

El grupo Kukai Dantza puso el broche artístico al acto, que se enmarca en la legislación vigente. La Ley Foral 19/2019 prevé un 'reconocimiento institucional y social' hacia las víctimas, que el Gobierno de Navarra ha materializado mediante estos actos. Este tercer evento incluyó a 65 víctimas reconocidas en 2025 y a otras 16 en el primer trimestre de 2026, sumando un total de 81.

Un compromiso integral con la memoria y la convivencia

Con este tercer acto, el Gobierno de Navarra avanza en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, dentro de su línea de trabajo coherente por la convivencia y la memoria democrática. Además de las víctimas de violencia política, el Ejecutivo aplica la Ley Foral 9/2010 para ayudar a las víctimas del terrorismo y la Ley Foral 33/2013 para reconocer a las víctimas de la represión tras el golpe militar de 1936. Todo ello con un firme compromiso hacia todas las víctimas y desde la deslegitimación de toda violencia y vulneraciones de derechos humanos.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido en la sesión tras la reunión del Gobierno Foral que la decisión del Departamento de Educación de reducir unidades tanto en la red pública como en la concertada, una medida que ha enmarcado en criterios “estrictamente técnicos y normativos” y en la caída de la natalidad, al tiempo que ha lanzado un mensaje implícito a sus socios de Geroa Bai.

Remírez ha recordado que la reorganización de las aulas fue aprobada el pasado 26 de marzo en la Comisión de Conciertos, un órgano en el que están representados administración, patronales y sindicatos de la enseñanza concertada. “Las decisiones se han tomado aplicando criterios conocidos por todos los agentes desde el inicio del proceso”, ha subrayado.

El portavoz del Ejecutivo ha incidido en que Navarra se enfrenta a un “hecho objetivo” como es el descenso de la natalidad, que está reduciendo las solicitudes de escolarización en el primer curso de Infantil en ambas redes. En este contexto, el Gobierno plantea una reducción de 14 unidades en la concertada y 19 en la pública, una proporción que, según ha defendido, resulta “equilibrada”.

Además, ha destacado que el Departamento de Educación ha aplicado criterios de flexibilidad para amortiguar el impacto de los ajustes, rebajando los ratios mínimos exigidos. Así, se establecen 17 alumnos en Pamplona y su comarca y 15 en el resto de Navarra, cifras por debajo de las que marca la normativa general. También se contemplan reducciones adicionales en centros con mayor presencia de alumnado con necesidades específicas.

Remírez ha insistido en que el Ejecutivo foral tiene la “obligación de gestionar con eficiencia y optimizar los recursos públicos en función de la demanda real”, en un escenario que, según las previsiones demográficas, podría revertirse en los próximos años.

En su intervención, el vicepresidente ha subrayado también que las decisiones del Gobierno no solo responden a la normativa vigente, sino también a los compromisos recogidos en el acuerdo programático, en un mensaje interpretado como un recordatorio dirigido a sus socios de coalición en un momento de discrepancias sobre el modelo educativo.

Pedro Rodríguez Fernández, exdirector de Geoalcali, negó ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra cualquier pago, mordida o amaño vinculado al proyecto de Mina Muga y defendió que toda la operación fue “100% privada”, sin subvenciones ni dinero público. Durante su comparecencia, sostuvo además que los contactos con administraciones y responsables políticos formaron parte de la tramitación ordinaria de un proyecto minero sometido a múltiples permisos, informes técnicos y evaluaciones ambientales.

Rodríguez Fernández explicó que es geólogo y que hasta 2014 fue consejero delegado o administrador de Geoalcali, además de director ejecutivo en el consejo de administración de Highfield, la matriz cotizada que controlaba el 100% de la compañía. Añadió que Geoalcali se constituyó en 2012 con un capital social de 3.000 euros y que él mismo participó en la escritura de constitución.

El exdirectivo detalló que su estructura de dirección era reducida, con tres o cuatro personas en el consejo, aunque la compañía llegó a contar con unos 50 técnicos trabajando en el proyecto, la mayoría titulados superiores. Precisó también que las oficinas estaban en la calle Carlos III de Pamplona cuando él estaba al frente.

El origen del proyecto

Según su relato, el interés por España y por la potasa surgió en 2011, durante una conferencia internacional del sector, cuando un colega le comentó la oportunidad que existía en torno a ese recurso. Rodríguez Fernández situó ese momento como el punto de partida de la decisión empresarial de impulsar el proyecto, en un contexto de fuerte subida del precio internacional de la potasa, que dijo haber pasado de unos 400 dólares por tonelada a cerca de 900.

El exdirector afirmó que, a su llegada a Navarra, existía abundante información histórica sobre las potasas de Navarra y Subiza, pero que en la zona de Sangüesa apenas había datos geológicos relevantes. También indicó que el proyecto avanzó primero con permisos de investigación y exploración, antes de llegar a la fase de concesión de explotación.

La tramitación administrativa

Rodríguez Fernández relató que en diciembre de 2014 Geoalcali presentó el proyecto de explotación y la solicitud de concesión ante el Ministerio, y que posteriormente las administraciones de Navarra, Aragón y el Estado trabajaron en una encomienda de colaboración para unificar la tramitación. Aseguró que ese proceso fue estrictamente administrativo y técnico, y que hasta julio-agosto de 2015 no se había iniciado nada sustancial más allá de los trámites previos.

Defendió además que la evaluación de impacto ambiental fue extensa y muy garantista, con 89 páginas, informes de universidades, confederaciones hidrográficas, departamentos autonómicos e instituciones técnicas. A su juicio, la parte realmente compleja del expediente no fue la declaración ambiental, sino el otorgamiento posterior de la concesión de explotación, que dijo haber contado con otras 60 páginas y con nuevas comprobaciones técnicas.

Reuniones con políticos

El compareciente admitió haber mantenido reuniones con responsables institucionales de distinto signo político para presentar el proyecto y explicar su alcance. Citó contactos con la presidenta Yolanda Barcina, la vicepresidenta Lourdes Goicoechea, la ministra Isabel García Tejerina, alcaldes de distintas localidades y representantes de varios partidos, incluida una reunión con el Partido Socialista en el Parlamento y otra en las oficinas de la compañía.

Aseguró que esos encuentros respondían a la obligación de dar máxima difusión al proyecto y de explicar la iniciativa a todos los actores afectados, incluidos los políticos y los municipios del territorio. También defendió que en Navarra, Aragón y Madrid la relación con funcionarios y cargos fue “cordial” y normalizada durante todo el proceso.

Los nombres de la causa

Una de las partes más sensibles de la comparecencia giró en torno a Koldo García, Fernando Merino, Santos Cerdán y Antxon Alonso. Rodríguez Fernández afirmó que conoció a Koldo García por mediación de un compañero de relaciones institucionales, que le presentó a personas vinculadas con la Guardia Civil y con actos públicos del proyecto, y negó que Geoalcali lo hubiera contratado o remunerado directamente.

Sobre Fernando Merino, dijo que lo conoció en el entorno de Acciona y que lo identificaba como un representante de esa compañía, pero no como un interlocutor minero. En cuanto a Antxon Alonso, afirmó que lo trató en reuniones ligadas al proyecto y que lo vinculaba con servicios de logística o de apoyo, aunque sostuvo que en 2015 no conocía la existencia de Servinabar y que jamás le hablaron de esa empresa en aquel momento.

La relación con Acciona

El exdirectivo explicó que el primer contacto con Acciona llegó a través de un consejero de Highfield y que el encuentro en Madrid con Ignacio Entrecanales fue, al inicio, una toma de contacto general. Subrayó que Acciona no tenía experiencia minera y que su eventual participación se circunscribía a obra civil, accesos, perimetrales y movimientos auxiliares, no al núcleo del proyecto minero.

También cifró esa posible parte de obra civil en una horquilla de 20 a 35 millones de euros, frente a un proyecto global que situó en cientos de millones. Añadió que, en su etapa, Geoalcali nunca pagó nada a Servinabar y que, si hubo pagos posteriores, los desconoce.

Las acusaciones de corrupción

Ante la pregunta directa sobre si alguien le había ofrecido o pedido mordidas, corruptelas o cantidades económicas para gestionar permisos, Rodríguez Fernández respondió con un rotundo “no”. Sostuvo que una empresa cotizada en Australia está sometida a protocolos muy estrictos y que cualquier práctica irregular habría sido incompatible con la gobernanza de la compañía.

El exdirector fue más allá y dijo que sería un “insulto” a los funcionarios españoles sugerir que los permisos y la evaluación ambiental se obtuvieron por vías irregulares. Añadió que, a su entender, los servicios jurídicos de Navarra, Aragón y el Ministerio actuaron conforme a derecho y que no ve base para hablar de corrupción en la tramitación que conoció en su etapa.

Su salida de Geoalcali

Rodríguez Fernández indicó que dejó su cargo en 2016 por decisión propia, cuando consideró que era un buen momento para cerrar su etapa. Aclaró que no vendió directamente sus participaciones en Geoalcali por una cifra fija como los 12 millones de euros que se le atribuyen en algunas informaciones, sino que la estructura societaria implicó un intercambio de acciones ligado a la evolución corporativa de Highfield.

Sí admitió que su posición accionarial se benefició de la revalorización del proyecto, aunque no precisó una cifra concreta. También aseguró que declaró fiscalmente esas operaciones y que estaría dispuesto a mostrar su declaración de IRPF para acreditarlo.

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha calificado las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de Chivite como una respuesta insuficiente ante la crisis económica desencadenada por la guerra en Irán. Según Ibarrola, estas medidas son 'raquíticas', de 'impacto limitado' y 'se vuelven a quedar muy cortas'.

Reclamo de acciones más contundentes para sectores afectados

Ibarrola ha señalado que las medidas no están ayudando a quienes más lo necesitan ni a los sectores económicos más perjudicados. Ha lamentado que se esté perdiendo tiempo en activar las medidas necesarias para enfrentar la difícil coyuntura económica. Además, ha criticado la falta de uso efectivo del autogobierno fiscal y tributario por parte del gobierno.

La presidenta de UPN ha destacado la ausencia e insensibilidad del gobierno hacia las necesidades de agricultores, ganaderos, transportistas y miles de familias. Ha señalado que, en lugar de actuar con urgencia, el gobierno remite a futuras mesas de fiscalidad para tratar de aplicar medidas. Según Ibarrola, no es lo mismo apoyar ahora que dentro de un año, independientemente de lo que defienda el gobierno.

Oportunidad en el Parlamento de Navarra para apoyar al sector primario

Este jueves, Ibarrola ha manifestado que el Gobierno de Chivite tiene una oportunidad en el Pleno del Parlamento de Navarra para demostrar su apoyo a los sectores económicos gravemente perjudicados por la guerra, como el sector primario. UPN ha presentado una moción que reclama medidas de apoyo al sector primario y a la industria agroalimentaria.

Propuestas de medidas urgentes para paliar la crisis

Además, Ibarrola ha insistido en la necesidad de implementar medidas urgentes como la deflactación de la tarifa del IRPF y el 'cheque autónomos' para compensar la inflación. Estas medidas están dirigidas a los autónomos con menos facturación, quienes se ven especialmente afectados por la situación económica actual.

Críticas a la falta de agilidad del gobierno

La presidenta de UPN ha concluido que el gobierno ha sido una decepción tras otra en cuanto a la reacción ante la situación crítica que afecta a la sociedad navarra. Ha criticado la falta de agilidad, previsión y reflejos suficientes para abordar los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos.

Geroa Bai ha reaccionado ante los datos del Departamento de Educación sobre la reducción de aulas para el curso 26/27, solicitando una moratoria de un año. La coalición argumenta que el descenso de la natalidad requiere medidas que prioricen la calidad educativa y la cohesión del sistema, evitando recortes en la oferta educativa.

La reducción de unidades educativas, según Geroa Bai, representa un recorte significativo, afectando especialmente a las ikastolas y, por ende, a la enseñanza en euskera. La coalición subraya que las decisiones estructurales deben ser cautelosas y no deben traducirse automáticamente en el cierre de aulas, sino aprovecharse para mejorar la calidad educativa y atender a un alumnado diverso.

Geroa Bai aboga por evitar el cierre de unidades tanto en la red pública como en la concertada, destacando la excepcionalidad demográfica actual. La coalición propone una moratoria de un año en aquellos casos donde el Departamento de Educación ha decidido no renovar conciertos, permitiendo evaluar mejor la evolución de la natalidad y el impacto de los cambios en los criterios técnicos aplicados.

Geroa Bai insta al Gobierno foral a reconsiderar las medidas

Las decisiones actuales no solo afectan al próximo curso, sino que también condicionan la estructura del sistema educativo en los próximos años, con repercusiones en etapas como la Educación Primaria. Geroa Bai considera fundamental garantizar la estabilidad del sistema, evitando desequilibrios en la oferta educativa y preservando la cohesión territorial.

La coalición advierte que las medidas adoptadas suponen un ataque a la oferta educativa en euskera, afectando a las ikastolas de Navarra. Geroa Bai resalta la importancia de analizar con cautela cualquier reducción de unidades, asegurando que la planificación educativa no debilite la implantación del euskera ni perjudique a la lengua propia.

En respuesta, Geroa Bai registrará una moción en el Parlamento de Navarra, instando al Gobierno foral a no cerrar aulas de educación infantil en la red pública ni en la concertada durante la planificación del próximo curso escolar. La propuesta incluye una moratoria de un año en la renovación de conciertos educativos, según el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, para adaptar las decisiones a la situación demográfica actual.

Geroa Bai también propone aprovechar la reducción coyuntural del alumnado para mejorar la calidad del sistema educativo, reforzando la atención a la diversidad, reduciendo ratios cuando sea posible y consolidando una planificación equilibrada del sistema. De esta manera, se busca una respuesta adecuada a la situación demográfica actual sin comprometer la calidad y estabilidad del sistema educativo.

Rubén Goñi, ex director gerente del Instituto Navarro de la Juventud y el Deporte entre 2015 y 2019, defendió este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la adjudicación de las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena a la UTE formada por Acciona y Servinabar se tramitó “con absoluta normalidad” y sin irregularidades invalidantes, según quedó recogido en los informes citados durante la comparecencia. La sesión se centró tanto en el procedimiento de contratación como en las relaciones en la UTE conformada por Acciona y la empresa Servinabar, vinculada por la UCO al caso Koldo-Ábalos-Cerdán.

Goñi sostuvo que él no formó parte de la mesa de contratación y que se limitó a firmar la resolución tras recibir la propuesta técnica y jurídica. “A mí hasta que no me llegan los informes no ni ni ni preguntaban ni nada”, afirmó, insistiendo en que su papel fue “seguir procedimientos” y actuar con el respaldo de los informes del expediente. También subrayó que no recibió indicaciones sobre posibles anomalías: “No me trasladaron”, respondió al ser preguntado por si había detectado irregularidades en el proceso.

El contexto del Navarra Arena

Durante su intervención, Goñi situó la decisión de reactivar las obras en 2017 como una prioridad política y económica tras años de paralización. Recordó que el recinto llevaba tiempo sin uso, con un coste de mantenimiento que obligaba al Gobierno a actuar, y que el objetivo era “darle tramitación” a una infraestructura que estaba pendiente de finalizar. Según explicó, el proyecto original no contemplaba las federaciones deportivas ni el propio Instituto, y fue después cuando se decidió adaptar el espacio para incorporar esas dependencias.

El ex director gerente defendió que esa reorientación respondía a una lógica funcional del deporte navarro. “Entendimos que el deporte como unidad de gestión administrativa del deporte en Navarra (...) debiera estar cerca de las federaciones”, dijo, justificando así la inclusión de oficinas y usos deportivos en el Navarra Arena. También admitió que el calendario de licitación fue ajustado, pero lo enmarcó en la necesidad de cumplir con la hoja de ruta de apertura prevista para 2018.

La oferta única

Uno de los puntos más repetidos de la comparecencia fue por qué solo se presentó una oferta al concurso. Goñi reconoció que esa circunstancia le llamó la atención, pero dijo no tener una explicación concluyente. “No me consta nada y bueno, pues se procedió y al seguir el procedimiento y la mesa proponer, pues se se trabajó esa línea”, afirmó. Añadió que en 2017 el sector de la construcción seguía arrastrando las consecuencias de la crisis, con pérdida de empleo y empresas, algo que pudo influir en la concurrencia.

Preguntado por si ampliar el plazo habría atraído más licitadores, Goñi replicó que el expediente se ajustó a la ley y que no existió base para modificarlo. “La ley de contratos marca esos 18 días”, señaló, defendiendo que el proceso respetó los tiempos previstos y que no hubo recursos contra el pliego. En su relato, la prioridad fue garantizar que la obra no se quedara otra vez a medias.

Servinabar y la UTE

La parte más sensible de la comparecencia llegó al abordar la presencia de Servinabar en la UTE. Goñi aseguró que no conocía la empresa ni a su propietario antes de la licitación. “No había oído hablar nunca de Servinabar”, dijo, y añadió que conoció a Antxón Alonso al final de la obra, en las reuniones de cierre y recepción. Sobre contactos con Santos Cerdán, fue tajante: “Con el señor Cerdán, con el señor García, con alguna otra persona aparte del señor Alonso? No. Con nadie más”.

También defendió que la validez de la UTE se apoyaba en la solvencia acreditada por Acciona, principal integrante de la alianza. Según explicó, el pliego permitía que en una UTE bastara con que una de las empresas cumpliera los requisitos de solvencia, siempre que tuviera al menos el 50% de participación, lo que en este caso se cumplía sobradamente con el 80% de Acciona. “Con la que aporta Acciona no hace falta que Servinabar aporte nada”, resumió en uno de los momentos más discutidos de la sesión.

Modificados y cierre

Goñi también detalló que las modificaciones del contrato respondieron a imprevistos y a ajustes detectados ya sobre la marcha, como cuestiones de distribución interior, accesos, mamparas o elementos técnicos de la obra. A su juicio, esas correcciones no desvirtúan la legalidad del expediente, sino que reflejan una obra compleja que fue afinándose con los informes técnicos y la dirección facultativa. Sobre el retraso y la penalización aplicada a la UTE, recordó que la dirección de obra consideró imputables a la empresa seis días de demora, lo que derivó en una sanción económica.

La comparecencia dejó a Goñi aferrado a una idea principal: que el expediente del Navarra Arena fue “correcto” y que los hechos posteriores que afectan a Servinabar o a su socio en la UTE corresponden a “cuestiones internas entre ellos”. “Yo como director trabajo (...) garantizar que funcione legalmente”, remarcó, antes de cerrar su intervención con una defensa explícita de su actuación en la administración.

La comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra ha rechazado este martes una moción presentada por UPN que instaba al Gobierno foral a impulsar una reforma del IRPF para incorporar deducciones fiscales destinadas a fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PPN han votado a favor.

Tras la incorporación de una enmienda de modificación del PPN, aceptada por UPN, la propuesta incluía en la definición de animales de compañía a «todos los perros, gatos y hurones, independientemente del fin para el que se usen (caza, auxiliares, pastores, etc.) o el lugar en el que habiten».

El texto planteaba, en primer lugar, que el Ejecutivo foral elaborara en un plazo máximo de cuatro meses un proyecto de ley para introducir una deducción del 30 % de los gastos veterinarios ordinarios, con un límite de 150 euros por unidad familiar y periodo impositivo.

Entre los gastos incluidos se contemplaban «identificaciones, vacunaciones obligatorias y preventivas, consultas veterinarias periódicas, tratamientos antiparasitarios y preventivos, así como revisiones diagnósticas e intervenciones», siempre que el animal estuviera debidamente identificado y registrado en el RIACNA.

Asimismo, la moción proponía una deducción de 200 euros por adopción responsable de animales de compañía, aplicable en el ejercicio de la adopción y durante tres ejercicios consecutivos, condicionada al cumplimiento de la normativa de bienestar animal y excluyendo expresamente la compra mediante compraventa.

El texto incluía además que estas deducciones tuvieran carácter retroactivo, de forma que pudieran aplicarse en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2026, respecto a gastos y adopciones realizados desde el 1 de enero de ese año.

En su exposición de motivos, UPN defendía que Navarra «no debe quedarse al margen de una política fiscal moderna y coherente con los objetivos de bienestar animal», citando como referencia medidas similares adoptadas en otras comunidades autónomas como Andalucía.

La sesión ha estado presidida por la socialista Maite Esporrín y ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos parlamentarios.

El parlamentario de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha reclamado este lunes la “expulsión inmediata” de los inmigrantes en situación irregular detenidos tras los robos con violencia registrados este fin de semana en Pamplona, en los que resultó herido un agente de la Policía Municipal.

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Jiménez ha asegurado que la capital navarra se ha convertido “una vez más en un escenario de violencia desatada”, aludiendo a la detención de once personas en pocas horas y a la comisión de varios robos con violencia. El portavoz ha vinculado estos hechos a lo que ha denominado una “política de puertas abiertas a la inmigración ilegal” por parte de los gobiernos socialistas y sus socios.

Entre las medidas planteadas por VOX figuran la expulsión de inmigrantes en situación irregular que delincan, el fin de las regularizaciones, un refuerzo de medios para la Policía Foral y la Policía Municipal, y la “prioridad absoluta” para los navarros en el acceso a vivienda, ayudas y servicios públicos.

Asimismo, Jiménez se ha referido al desalojo del campamento de Aranzadi llevado a cabo este lunes por el Ayuntamiento de Pamplona, cuestionando la tardanza en la actuación municipal.

Moción sobre incendios y críticas en Educación

En el ámbito parlamentario, VOX ha anunciado que llevará al pleno del próximo jueves una moción centrada en la prevención de incendios, que propone actuar durante el invierno mediante la gestión de la vegetación, quemas controladas y planes coordinados con los ayuntamientos.

Por otro lado, la formación ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación al considerar “insostenible” la situación de las ratios y las líneas escolares. Según Jiménez, el departamento no está resolviendo los problemas estructurales del sistema educativo.

Vivienda, fiscalidad y situación económica

El portavoz de VOX ha calificado también de “fracaso” la política de vivienda del Gobierno de Navarra, criticando la intervención en el mercado del alquiler y la gestión del Ejecutivo.

En términos generales, ha advertido de problemas “estructurales” tanto en Navarra como en el conjunto de España, citando listas de espera en sanidad o la falta de նախաձեռնativa económica. También ha cuestionado el papel de empresas públicas y entes que, a su juicio, siguen operativos pese a informes críticos.

En materia fiscal, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, Jiménez ha señalado que muchos contribuyentes soportan una elevada presión impositiva y ha defendido la necesidad de revisar el sistema.

“Los navarros merecen seguridad, y VOX va a seguir peleando sin descanso para devolvérsela”, ha concluido.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha criticado este lunes el papel del Gobierno foral en el anuncio del plan de inversiones ligado al superávit de 2024 y ha presentado varias propuestas de su formación en materia fiscal y social, centradas en aliviar la carga económica de las familias.

En rueda de prensa, Esparza ha censurado que haya sido EH Bildu quien haya dado a conocer las medidas del plan, en lugar del propio Ejecutivo o de sus socios. A su juicio, esta situación evidencia “quién manda” en el Gobierno y refuerza el peso político de la coalición soberanista. «En lugar de que el portavoz del Gobierno o los partidos que lo conforman anuncien las medidas, lo hace EH Bildu como portavoz oficial», ha afirmado.

El dirigente regionalista ha advertido de que esta dinámica puede agrandar aún más la distancia política entre EH Bildu y el resto de fuerzas del Ejecutivo, y ha vinculado este episodio con otros precedentes, como el anuncio del desbloqueo de la Ley de Salud, que también —ha recordado— realizó la coalición abertzale.

Críticas a la política fiscal: “aparentan que van a hacer algo para no hacer nada”

En materia económica, Esparza ha cargado contra la mesa de fiscalidad anunciada por el Gobierno, al considerar que retrasa decisiones urgentes. Según ha señalado, la ley de medidas fiscales no se aprobaría hasta diciembre, con efectos en 2027, lo que deja a las familias “soportando la inflación sin ayudas”.

«Están aparentando que van a hacer algo para no hacer nada», ha afirmado, defendiendo que Navarra tiene capacidad para adoptar medidas inmediatas que alivien la presión sobre las clases medias.

En este sentido, UPN propone una deflactación más ambiciosa de la tarifa del IRPF, incluso mediante un mecanismo automático por ley vinculado al incremento de los precios. El objetivo, ha explicado, es proteger el poder adquisitivo de los contribuyentes sin depender de acuerdos políticos puntuales.

Renta garantizada: “un fracaso que el propio Gobierno reconoce”

El portavoz regionalista también se ha referido a la negativa del Ejecutivo a tramitar la propuesta de reforma de la renta garantizada presentada por UPN. No obstante, ha asegurado que el propio informe del Gobierno evidencia las carencias del sistema actual.

Esparza ha destacado que la tasa AROPE —indicador de riesgo de pobreza— ha pasado del 13,9% en 2015 al 16,3% en la actualidad, lo que, a su juicio, demuestra que la renta garantizada “no está funcionando”.

Además, ha reprochado al Ejecutivo que lleve años anunciando reformas sin materializarlas. «El Gobierno sabe que tiene un modelo que no está ayudando a la gente y sigue sin hacer nada», ha afirmado, recordando que ya en 2024 se anunció una modificación que todavía no se ha presentado.

El dirigente de UPN ha concluido reclamando decisiones “inmediatas” tanto en el ámbito fiscal como en el social, frente a lo que considera una estrategia del Gobierno basada en dilatar los debates sin aplicar medidas efectivas en el corto plazo.