El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) presentó ayer el estudio “Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias”, una investigación que pone de manifiesto el amplio desconocimiento de los derechos educativos por parte del alumnado con discapacidad y sus familias, así como las carencias informativas existentes y la necesidad de reforzar los apoyos para avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo en Navarra.
La jornada, celebrada en el salón de actos de la ONCE en Pamplona, reunió a familias, entidades sociales, profesionales del ámbito educativo y representantes institucionales. El acto fue inaugurado por la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, quien subrayó que la educación inclusiva “no es una opción, sino un derecho humano fundamental”, coincidiendo además con el 20 aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su intervención, Sanz explicó que el estudio surge de la preocupación compartida del movimiento asociativo ante el “desconocimiento generalizado, la confusión y la inseguridad” que muchas familias expresan respecto a los derechos educativos de sus hijos e hijas.
La apertura institucional corrió a cargo de Irati Goikoetxea, directora del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, quien destacó la importancia de contar con una información clara y accesible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Goikoetxea alertó, además, sobre la persistencia de situaciones de rechazo, discriminación y acoso hacia el alumnado con discapacidad, y apeló a una reflexión y autocrítica colectiva en la defensa de los derechos humanos.
A continuación, la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, Leyre Elizari, contextualizó el marco jurídico de la educación inclusiva, recordando que no se trata de una opción ni de una carga administrativa, sino del cumplimiento de un derecho fundamental. Elizari señaló que el derecho a la educación, recogido en la Constitución y desarrollado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y basado en la igualdad de oportunidades, adaptado a las necesidades del alumnado para favorecer su pleno desarrollo personal. Asimismo, remarcó que el derecho de las familias a recibir información no puede considerarse una cuestión secundaria.
La presentación de los resultados del estudio fue realizada por Mónica Iñigo, técnica de CERMIN, quien expuso las principales conclusiones de la investigación. Entre ellas, destacan la falta de información clara y accesible para familias y alumnado con discapacidad, que dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos; la insuficiencia de recursos técnicos y humanos, que limita la creación de mecanismos estables y de calidad de coordinación con las familias; el estigma que muchas de ellas perciben por parte de la comunidad educativa, y la persistencia de situaciones de discriminación o acoso hacia el alumnado con discapacidad.
El acto incluyó también un espacio de diálogo con la participación de expertas del ámbito jurídico y educativo, y fue clausurado por el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, quien insistió en la necesidad de “cambiar la mirada” y apostar decididamente por la equidad y la inclusión como una cuestión de justicia social. Vera recordó que las administraciones públicas tienen la obligación de prevenir cualquier forma de exclusión en el ámbito educativo y de garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas.
Desde CERMIN se ha subrayado que este estudio pretende servir como herramienta para el debate y la acción, así como punto de partida para reforzar el trabajo conjunto entre administraciones, comunidad educativa, entidades sociales y familias, con el objetivo de avanzar hacia un sistema educativo que reconozca la diversidad como un valor y no como un obstáculo.
El estudio ha sido financiado por la Dirección General de Memoria y Convivencia del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra.
CERMIN es el agente social articulador y vertebrador de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 12 asociaciones y 3 federaciones del sector, que agrupan a un total de 57 entidades sociales sin ánimo de lucro. Entre sus objetivos destacan la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, la sensibilización social en favor de la inclusión y la lucha contra la discriminación, así como la representación del movimiento asociativo de la discapacidad en Navarra.
