El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución con implicaciones significativas para los procesos de contratación pública llevados a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, así como por el Gobierno de Navarra y la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. Esta medida surge en respuesta a una queja presentada por un representante de una empresa de diseño gráfico, que denunció la exclusión de pequeños estudios de diseño en los acuerdos marco para contratación pública de estas tres entidades.
Tras un exhaustivo análisis de los informes proporcionados por las entidades involucradas y considerando los principios constitucionales que garantizan la competencia en el mercado, el Defensor del Pueblo de Navarra concluyó que las condiciones establecidas en los contratos públicos podrían estar restringiendo indebidamente la competencia y limitando la participación de trabajadores autónomos y pequeñas empresas.
En el análisis del caso, la institución que dirige Patxi Vera encontró que los criterios de solvencia económica y profesional establecidos por los anteriores equipos del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña eran significativamente más exigentes que los establecidos por las otras entidades. Por ejemplo, mientras que el Ayuntamiento exigía volúmenes de negocio anuales superiores a los 200.000 y 50.000 euros (IVA excluido) para los distintos lotes, el Gobierno de Navarra y la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U. establecían requisitos menos onerosos.Esto podría resultar en una exclusión injustificada de actores más pequeños del mercado.
Tras analizar todo, el Defensor del Pueblo de Navarra emitió una recomendación al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña para que, en futuros contratos, se evite fijar condiciones excesivamente elevadas que limiten la competencia y la participación de trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas. En esrte sentido, y dado el acuerdo marco examinado esta próximo a vencer, la institución del Defensor del Pueblo ha pedido al Ayuntamiento de Pamplona que "evite en su sucesor la fijación de unas condiciones demasiado elevadas que restrinjan la competencia e impidan la concurrencia de trabajadores por cuenta propia y de pequeñas empresas".
Ahora, la pelota está en el tejado del consistorio de Pamplona, y tiene un plazo de dos meses para aceptar esta recomendación.
