Treinta años de interinidad en las enseñanzas artísticas de Navarra: una mala gestión que pagamos todos

Durante más de treinta años, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha sostenido los centros públicos de enseñanzas artísticas sobre una práctica tan persistente como injusta: la contratación temporal masiva y continuada de profesorado para cubrir puestos estructurales. No hablamos de una situación excepcional ni de una respuesta puntual, sino de un modelo de gestión mantenido durante décadas con pleno conocimiento de sus consecuencias. 

Las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de Pamplona y Corella, la Escuela de Danza de Navarra, el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate y el Conservatorio Superior de Música de Navarra han funcionado durante años con tasas de interinidad que alcanzan entre el 70 y el 80 % de sus plantillas docentes. Detrás de estos porcentajes hay profesionales que llevan diez, veinte o incluso treinta años ocupando la misma plaza, impartiendo las mismas materias y asumiendo idénticas responsabilidades que el personal funcionario, pero sin estabilidad ni derechos equivalentes. 

Hoy, una parte importante de este profesorado supera los cincuenta o los sesenta años, y la mayoría son mujeres. Tras décadas de servicio público, se les exige ahora que se jueguen su futuro laboral en una oposición en la que la experiencia docente apenas tiene peso en el baremo, limitada a unos pocos años, mientras el resultado depende en gran medida de pruebas desligadas del desempeño real del puesto. A ello se suma un elemento especialmente grave: parte del profesorado queda directamente excluida del proceso por no disponer de titulaciones que no eran exigibles cuando accedieron a sus plazas y que la propia Administración consideró suficientes durante años. Para estas personas, el mensaje es claro: su experiencia ya no cuenta. 

Conviene decirlo sin rodeos: no estamos ante un problema de mérito, capacidad o acceso irregular. Todo este personal fue contratado conforme a los requisitos establecidos en cada momento. El problema es el abuso de la contratación temporal por parte de la Administración, derivado de no haber convocado oposiciones con la periodicidad legal y de haber utilizado contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. El resultado es una interinidad estructural que no se da en ningún otro cuerpo docente de la Comunidad Foral. 

Europa lleva más de veinticinco años advirtiendo de esta situación. La Directiva 1999/70/CE prohíbe la duración excesiva de la contratación temporal y obliga a sancionar y reparar el abuso cuando se produce. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro: convocar oposiciones no sanciona el abuso ni repara a las personas afectadas. Sin embargo, en Navarra esta normativa se aplica con rigor en el sector privado y se elude sistemáticamente en el ámbito público.

La aplicación de la Ley 20/2021 tampoco resolvió el problema. Plazas que debían haberse estabilizado quedaron fuera del proceso, mientras otras se incluyeron sin criterios transparentes. La temporalidad persiste y el coste del fraude se traslada ahora a quienes lo han sufrido durante años. 

Pero este problema no es solo laboral o educativo. Tiene un impacto económico directo que acaba pagando toda la ciudadanía. La mala gestión de la temporalidad ha generado un goteo constante de litigios e indemnizaciones por ceses abusivos, con un coste creciente para las arcas públicas. Navarra ya ha tenido que abonar indemnizaciones que superan los 80.000 euros por un solo cese tras décadas de servicio. Multipliquen esa cifra por los numerosos ceses que puede provocar una oferta de empleo público que no repara el abuso previo, y el resultado es una factura millonaria sufragada con dinero público. 

Resolver esta situación no implica funcionarizar automáticamente a nadie. Europa exige estabilidad laboral como sanción al abuso, no precariedad renovada. Existen soluciones legales, constitucionales y mucho menos costosas que seguir acumulando indemnizaciones, litigios y deterioro del servicio público. 

Tras treinta años, este no es un problema coyuntural, sino una injusticia estructural. La responsabilidad es política y administrativa, pero las consecuencias son colectivas. Navarra debe decidir si sigue pagando los errores del pasado o si, de una vez, afronta el problema con justicia, legalidad y sentido común. 

Juan Rubio Gisbert y Javier Escaray Lozano en representación de los docentes afectados por el abuso de temporalidad de los centros de Enseñanzas Artísticas de Navarra.