Ante las recientes informaciones sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, el Gobierno Vasco ha emitido un comunicado para clarificar el reparto de competencias. La administración autonómica incide en que la definición normativa, aprobación y puesta en marcha de este procedimiento corresponden en exclusiva al Estado español, según el artículo 149.1.2 de la Constitución y el Reglamento de Extranjería.
Desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites el pasado 27 de enero de 2026, el Ejecutivo autonómico afirma haber actuado con responsabilidad institucional. Aunque la previsión inicial del Ministerio situaba el arranque de las solicitudes a principios de abril, el Gobierno Vasco recuerda que el proceso aún depende de la tramitación de un real decreto definitivo.
Campaña informativa y análisis del borrador estatal
Para combatir la desinformación y las falsas expectativas, el Gobierno Vasco activó una campaña informativa de carácter provisional. Esta iniciativa buscaba explicar el borrador estatal a la ciudadanía, advirtiendo siempre que el texto estaba sujeto a modificaciones. Además, la administración vasca realizó un análisis técnico del documento, presentando alegaciones para reforzar la seguridad jurídica y la integración social de las personas migrantes.
En una reunión mantenida el 16 de febrero con el Ministerio, se confirmó que la gestión de esta regularización será íntegramente estatal, sin que sea necesaria la implicación operativa de las comunidades autónomas.
Diferencias con las autorizaciones iniciales de trabajo
El Gobierno Vasco ha querido precisar la diferencia entre este proceso extraordinario y las funciones que ya ejerce. Desde julio de 2025, Euskadi tiene transferidas las competencias para las autorizaciones iniciales de trabajo, pero la legislación básica y la autorización de residencia siguen siendo potestad de la Administración General del Estado.
Por tanto, el papel de las instituciones vascas se limitará a ofrecer información veraz y fidedigna una vez que el Gobierno central publique la norma definitiva, evitando así cualquier especulación prematura sobre el futuro de la población inmigrante en el territorio.
