El magistrado del Tribunal de Instancia de Teruel, Manuel Turmo Peña, ha dictado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco de los siete detenidos en la operación Portofel. Los investigados, todos de nacionalidad rumana y residentes en la Comunidad Valenciana, están acusados de pertenencia a organización criminal y de ser los presuntos autores de 86 delitos de robo con fuerza repartidos por gran parte de la geografía española.
Una estructura organizada para delinquir
Según los autos dictados por el instructor, los robos no eran hechos aislados, sino que respondían a una actividad planificada y concertada. La banda actuaba en horas intempestivas, concretamente entre las 03:00 y las 05:00 de la mañana, empleando herramientas como patas de cabra y destornilladores de gran tamaño para forzar los accesos a establecimientos de hostelería y restauración.
El objetivo principal de la organización era el dinero en metálico de máquinas tragaperras, expendedoras de tabaco, cajas registradoras y sistemas de cobro automático (cashkeepers). El perjuicio económico total, sumando el botín y los graves daños materiales, se estima inicialmente en más de 345.000 euros.
Alcance geográfico y cabecillas del grupo
La red criminal extendió su actividad por diez provincias: Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón, Alicante, Soria, Cantabria, La Rioja, Ciudad Real y Córdoba. El centro operativo se situaba presuntamente en el domicilio de Stefan C., en la localidad de Soneja (Castellón), a quien se le imputan 47 robos y se le considera el mentor del grupo.
Junto a él, el juez ha enviado a prisión a Gelu B., Bogdan M., Mihai I. y Denis M., con imputaciones que oscilan entre los 34 y 38 robos cada uno. Por su parte, los otros dos detenidos, Andrei G. y Marian M., han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, al imputárseles un solo delito de robo a cada uno. La investigación judicial continúa abierta para determinar el alcance total de los delitos.
