La iniciativa Afectados por Urbanismo Pamplona ha abierto un canal de contacto para reunir a las personas perjudicadas por la suspensión de licencias urbanísticas aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 2 de julio. El objetivo, según explican sus impulsores, es documentar los casos, conocer el alcance real de la medida y facilitar que las personas afectadas puedan sumarse, si así lo desean, a las acciones legales que se están preparando contra el Consistorio. La vía principal será la contencioso-administrativa, sin descartar el análisis de posibles responsabilidades, incluso penales, si de la documentación resultaran indicios suficientes.
Según denuncia la iniciativa, la suspensión no afecta solo a futuras solicitudes, sino que también bloquea expedientes ya presentados y en tramitación, incluso con informes favorables o tramitación avanzada ante Vivienda Navarra. En muchos casos, señalan, ya existen proyectos técnicos encargados, documentación aportada, subsanaciones realizadas, compraventas formalizadas, financiación solicitada, contratos firmados y ahorros familiares comprometidos. "No pedimos privilegios. Pedimos que no se cambien las reglas a mitad del partido. Hay personas que actuaron de buena fe, pagaron impuestos, contrataron profesionales y cumplieron los requisitos vigentes. Ahora quedan bloqueadas durante un año o incluso dos", afirman desde la plataforma.
Una decisión política con coste ciudadano, según los afectados
La suspensión salió adelante con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo Zurekin y PSN, frente al voto contrario de UPN y PP. Los afectados trasladan su preocupación por la desconexión que perciben entre la decisión política adoptada y la realidad de la ciudad, en un contexto de escasez de vivienda y locales vacíos.
La plataforma recuerda, según las retribuciones publicadas por el Ayuntamiento de Pamplona, que el alcalde percibe 71.962,94 euros brutos anuales; un concejal delegado con dedicación exclusiva, 56.348,04 euros; y un concejal no delegado con dedicación exclusiva, 42.144,48 euros, frente a un salario bruto medio anual en Navarra de 32.605,28 euros en 2024. "Quien vota una paralización conserva su sueldo. Quien ha invertido sus ahorros, comprometido una financiación o puesto en marcha un proyecto puede perder una reserva, una compraventa, el esfuerzo de años o directamente su proyecto de vida", sostienen.
Una suspensión amplia, contradictoria y con dudas técnicas, según la plataforma
Según la información publicada, la medida afecta a 90 calles de 12 barrios. A ello se suma que Casco Viejo y Ensanches ya contaban con restricciones propias, por lo que el efecto práctico sería una fuerte limitación de la vivienda en planta baja en toda Pamplona.
Afectados por Urbanismo Pamplona considera contradictorio que, mientras se paralizan proyectos ya iniciados en numerosos barrios, el PEAU 2025 del Segundo Ensanche contemple permitir vivienda en planta baja en determinados tramos de calles como Media Luna, Aralar, Felipe Gorriti, Castillo de Maya y Pascual Madoz. La iniciativa plantea además dudas sobre la aplicación homogénea de los criterios utilizados, al considerar que hay calles incluidas cuya realidad comercial no respondería claramente a la definición de eje comercial prioritario. "No basta con incluir una calle en un listado. Si una suspensión bloquea expedientes ya iniciados, financiación, contratos y ahorros familiares, el Ayuntamiento debe explicar calle por calle qué datos justifican esa decisión", reclaman.
"El problema no es comercio contra vivienda"
La plataforma defiende que el debate sobre la protección del comercio local es legítimo y que Pamplona necesita actividad económica, locales abiertos y apoyo real al comercio de proximidad, pero considera que ese objetivo debería perseguirse con medidas propias, como ayudas a locales vacíos, bonificaciones, reducción de trabas administrativas e impuestos, mediación en alquileres comerciales y apoyo al emprendimiento. A su juicio, no resulta proporcionado trasladar el coste de esa política a familias, autónomos y pequeños propietarios que ya habían iniciado sus proyectos conforme a las reglas vigentes.
Un impacto económico "todavía desconocido"
Según denuncian los afectados, el Ayuntamiento de Pamplona no ha informado de cuántos expedientes ni de cuántas viviendas han quedado efectivamente paralizados por la suspensión. Sí se sabe que la medida alcanza a solicitudes pendientes presentadas antes de su entrada en vigor, entre las que hay proyectos iniciados durante 2025 y 2026.
Con datos municipales, la plataforma trata de dimensionar el posible alcance de la decisión: durante 2025 se incorporaron 73 nuevas viviendas en planta baja y, en los primeros meses de 2026, ya se habían contabilizado otras 52. De mantenerse el ritmo registrado hasta junio, 2026 podría haber terminado con alrededor de 104 nuevas viviendas.
Tomando solo las 52 viviendas contabilizadas durante 2026, la iniciativa calcula una capacidad residencial para entre 104 y 130 personas, entre 5,20 y 7,28 millones de euros de inversión potencialmente inmovilizada y una carga de trabajo equivalente aproximada de 24 a 42 empleos durante un año. Si se toma como referencia la actividad acumulada entre 2025 y junio de 2026, el impacto potencial ascendería, según sus cálculos, a 125 viviendas, capacidad para entre 250 y 313 personas, entre 12,50 y 17,50 millones de euros de inversión y una carga de trabajo equivalente aproximada de 58 a 102 empleos anuales.
A ello se sumaría una recaudación pública potencialmente aplazada o en riesgo que, según los escenarios manejados por la plataforma, podría alcanzar entre 2,3 y 4 millones de euros, sin incluir el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF, las cotizaciones sociales, la tributación de proveedores, las plusvalías municipales ni otros efectos indirectos.
Ante la falta de información oficial, que a su juicio impide determinar cuál de estos escenarios se aproxima más a la realidad, los afectados solicitan al Ayuntamiento que publique el número de expedientes interrumpidos, las viviendas proyectadas, la inversión comprometida y la fase administrativa en la que se encontraba cada actuación.
Proteger los expedientes ya iniciados
La iniciativa busca un levantamiento total o parcial de la suspensión o, al menos, una exclusión expresa para los expedientes presentados antes del 2 de julio de 2026, así como un régimen transitorio que permita continuar la tramitación conforme a la normativa vigente en el momento de cada solicitud.
Desde la plataforma sostienen que actuar conjuntamente permitiría tener más fuerza, reducir la exposición individual y repartir los gastos jurídicos, y precisan que responder al correo o al formulario habilitado no implica ningún compromiso económico ni jurídico, y que la información se tratará de forma reservada.
Las personas afectadas pueden contactar a través del correo afectadosurbanismopamplona@gmail.com o del formulario habilitado en https://forms.gle/Z6GdpyG6LWBHZbRRA
