La parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marta Álvarez, ha afirmado que la letrada mayor del Parlamento, Silvia Doménech, “no ha visto ni un solo vicio de inconstitucionalidad” en sendas proposiciones de ley presentadas por los regionalistas para modificar el Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y la ley foral de Subvenciones con el objetivo de evitar, por un lado, que en el futuro personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia en Navarra o trabajen para la administración y, por otro, que no se pueda subvencionar a entidades o personas que les contraten o subcontraten para realizar proyectos o actividades con ellos de manera continuada.
Así lo ha trasladado en una rueda de prensa para valorar el informe realizado por la responsable de los servicios jurídicos del Parlamento a iniciativa del PSN y con el voto favorable de Geroa Bai, Bildu y Contigo.
Marta Álvarez también ha subrayado que el informe de la letrada mayor concluye que la Mesa del Parlamento no podía paralizar las proposiciones de ley presentadas por el grupo regionalista como, sin embargo, hizo: “Podía haber pedido informes, pero nunca paralizar las proposiciones de Ley, que se debían y se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el Pleno porque se está vulnerando nuestro derecho de participación política”, ha afirmado. “Es más la letrada concluye que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa es inconstitucional por vulnerar el artículo 23 de la Constitución” ha añadido.
Supuestos problemas en la aplicación de las proposiciones de ley
Por otro lado, pese a que a la letrada mayor solo se le había encargado que informara sobre la adecuación de las proposiciones de ley al artículo 25 de la Constitución, Doménech decidió analizar también los aspectos que, en su opinión, podrían dar problemas en la aplicación de ambas proposiciones, en caso de aprobarse, aunque, como se ha dicho, reconoce que ambas son perfectamente constitucionales. Así, en su informe Silvia Doménech cuestiona que ambas proposiciones de ley puedan conseguir los objetivos que persiguen.
Álvarez ha rebatido punto por punto todas sus afirmaciones. En el caso de la proposición para modificar la Ley Foral de Subvenciones, la parlamentaria regionalista ha mostrado su sorpresa porque la letrada mayor confunda las subvenciones con los conciertos educativos, y ha asegurado que “en ningún momento” se ha planteado por parte de UPN que se pretenda aplicar a conciertos educativos “porque todos sabemos que no son subvenciones y que se regulan por una normativa propia que no hemos intentado modificar, sobre todo porque no tenemos competencia para hacerlo”.
En cuanto al otro aspecto que a Doménech le plantea problemas en la aplicación, la falta de concreción, Álvarez ha explicado que los textos propuestos por UPN definen los puestos de trabajo que pueden resultar afectados “exactamente de la misma manera” que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para las personas que vayan a trabajar con menores y hayan sido condenados por agresión sexual.
“La concreción de los puestos, como ocurre en el caso de la Ley Orgánica mencionada, debe hacerse puesto por puesto en función del criterio de que tengan relación directa con menores, precisamente para evitar que se aplique de forma indiscriminada, lo que, entonces sí, la convertiría en inconstitucional”, ha explicado. “Nuestra propuesta no crea inseguridad jurídica, sino todo lo contrario”, ha asegurado.
Este argumento sirve, asimismo, para la otra proposición de ley presentada por UPN, referida a la modificación del Estatuto de la Función Pública, y que la letrada ha cuestionado por idéntico motivo.
En el caso de esta iniciativa, Doménech también advierte, si bien solo para el caso de los docentes, que como hay un cuerpo estatal de estos profesionales, si se aprobara el requisito de acceso que propone UPN, en su opinión, se generarían problemas en los concursos de traslado estatales. Ante ello, Marta Álvarez considera que “no hay ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a una plaza en Navarra” y ha puesto como ejemplo los diferentes niveles lingüísticos que se ponen, tanto en la Comunidad Foral como en otras comunidades, para determinadas plazas.
No obstante, tras dejar claro que es posible y totalmente constitucional aprobar la norma navarra tal y como la están proponiendo en el ejercicio de nuestras competencias, Álvarez ha anunciado que, para mejorar la coordinación en toda España, el partido regionalista va a proponer en las Cortes Generales una medida similar a la que ha propuesto en Navarra.
“Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid porque tenemos competencia, porque la proposición de ley encaja en el marco constitucional y porque hay que actuar para impedir a futuro que nuestros hijos sean atendidos/educados por personas que, por su pasado, no están capacitadas para ejercer estas tareas”, ha concluido.
