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UPN dice que la letrada mayor de la Cámara no ve inconstitucionales sus iniciativas sobre un profesor ex etarra

La parlamentaria Marta Álvarez rebate todas las consideraciones que, en opinión de la letrada mayor, podrían generar problemas 

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  • Marta Álvarez, UPN interviene en un debate -

La parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marta Álvarez, ha afirmado  que la letrada mayor del Parlamento, Silvia Doménech, “no ha visto ni un solo vicio de inconstitucionalidad” en sendas proposiciones de ley presentadas por  los regionalistas para modificar el Estatuto de Personal al Servicio de las  Administraciones y la ley foral de Subvenciones con el objetivo de evitar, por un lado, que en el futuro personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia en  Navarra o trabajen para la administración y, por otro, que no se pueda subvencionar a entidades o personas que les contraten o subcontraten para realizar proyectos o  actividades con ellos de manera continuada.  

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa para valorar el informe realizado por la  responsable de los servicios jurídicos del Parlamento a iniciativa del PSN y con el  voto favorable de Geroa Bai, Bildu y Contigo. 

Marta Álvarez también ha subrayado que el informe de la letrada mayor concluye  que la Mesa del Parlamento no podía paralizar las proposiciones de ley presentadas  por el grupo regionalista como, sin embargo, hizo: “Podía haber pedido  informes, pero nunca paralizar las proposiciones de Ley, que se debían y  se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el Pleno porque  se está vulnerando nuestro derecho de participación política”, ha afirmado. “Es más la letrada concluye que, a la vista de la doctrina del  Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa es inconstitucional por  vulnerar el artículo 23 de la Constitución” ha añadido. 

Supuestos problemas en la aplicación de las proposiciones de ley 

Por otro lado, pese a que a la letrada mayor solo se le había encargado que informara  sobre la adecuación de las proposiciones de ley al artículo 25 de la Constitución,  Doménech decidió analizar también los aspectos que, en su opinión, podrían dar problemas en la aplicación de ambas proposiciones, en caso de aprobarse, aunque,  como se ha dicho, reconoce que ambas son perfectamente constitucionales. Así, en  su informe Silvia Doménech cuestiona que ambas proposiciones de ley puedan conseguir los objetivos que persiguen. 

Álvarez ha rebatido punto por punto todas sus afirmaciones. En el caso de la  proposición para modificar la Ley Foral de Subvenciones, la parlamentaria  regionalista ha mostrado su sorpresa porque la letrada mayor confunda las  subvenciones con los conciertos educativos, y ha asegurado que “en ningún  momento” se ha planteado por parte de UPN que se pretenda aplicar a conciertos  educativos “porque todos sabemos que no son subvenciones y que se  regulan por una normativa propia que no hemos intentado modificar,  sobre todo porque no tenemos competencia para hacerlo”. 

En cuanto al otro aspecto que a Doménech le plantea problemas en la aplicación, la  falta de concreción, Álvarez ha explicado que los textos propuestos por UPN definen los puestos de trabajo que pueden resultar afectados “exactamente de la misma  manera” que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la  infancia y la adolescencia frente a la violencia para las personas que vayan a trabajar  con menores y hayan sido condenados por agresión sexual.  

“La concreción de los puestos, como ocurre en el caso de la Ley Orgánica  mencionada, debe hacerse puesto por puesto en función del criterio de  que tengan relación directa con menores, precisamente para evitar que  se aplique de forma indiscriminada, lo que, entonces sí, la convertiría en  inconstitucional”, ha explicado. “Nuestra propuesta no crea inseguridad  jurídica, sino todo lo contrario”, ha asegurado.

Este argumento sirve, asimismo, para la otra proposición de ley presentada por UPN,  referida a la modificación del Estatuto de la Función Pública, y que la letrada ha  cuestionado por idéntico motivo. 

En el caso de esta iniciativa, Doménech también advierte, si bien solo para el caso de los docentes, que como hay un cuerpo estatal de estos profesionales, si se aprobara  el requisito de acceso que propone UPN, en su opinión, se generarían problemas en  los concursos de traslado estatales. Ante ello, Marta Álvarez considera que “no hay ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a  una plaza en Navarra” y ha puesto como ejemplo los diferentes niveles  lingüísticos que se ponen, tanto en la Comunidad Foral como en otras comunidades,  para determinadas plazas. 

No obstante, tras dejar claro que es posible y totalmente constitucional aprobar la  norma navarra tal y como la están proponiendo en el ejercicio de nuestras  competencias, Álvarez ha anunciado que, para mejorar la coordinación en toda  España, el partido regionalista va a proponer en las Cortes Generales una medida  similar a la que ha propuesto en Navarra. 

“Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid porque tenemos  competencia, porque la proposición de ley encaja en el marco  constitucional y porque hay que actuar para impedir a futuro que  nuestros hijos sean atendidos/educados por personas que, por su  pasado, no están capacitadas para ejercer estas tareas”, ha concluido.


 

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