Pamplona Actual

El Defensor pide mayor control de las licencias de tiendas de chucherías que venden alcohol y comida en el Casco Antiguo

También pide que se denuncien las conductas incívicas de las personas que generan molestias al vecindario de Pamplona

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El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución que pone de manifiesto la necesidad de intervención de las administraciones públicas ante los crecientes problemas de convivencia en el Casco Antiguo de Pamplona. La queja, presentada por un grupo de vecinos, señala que los negocios, presentados como tiendas de chucherias,  que venden alcohol y comida rápida para su consumo en la calle están generando importantes molestias y alterando la tranquilidad del vecindario.

En el centro del debate, el Defensor recuerda al Ayuntamiento de Pamplona y al Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial su obligación de responder en tiempo y forma a los escritos ciudadanos, tras constatar que estas instituciones incumplieron los plazos legales en la gestión de esta queja. Además, señala la necesidad de garantizar que los comercios cuestionados operen conforme a sus licencias y propone investigar y sancionar los comportamientos incívicos relacionados.

Uno de los puntos más llamativos de la resolución es la propuesta de evaluar la implementación de restricciones horarias en la venta de alcohol, una medida que, según el Defensor, podría ayudar a mitigar los problemas asociados al consumo excesivo, aunque no evitaría que se comprara previamente en el horario establecido "para un consumo posterior".

Sin embargo, insiste en que esta solución debe ir acompañada de medidas educativas y sancionadoras para fomentar el civismo y evitar que los conflictos se trasladen a otros espacios.

El Defensor concluye que el cumplimiento de las normativas actuales y la adopción de acciones coordinadas entre el Ayuntamiento, el Departamento de Salud y el de Industria serán claves para devolver la convivencia al Casco Antiguo, dejando claro que la inacción no es una opción. Las administraciones tienen un plazo de dos meses para comunicar si aceptan las sugerencias o arriesgarse a quedar expuestas en el informe anual al Parlamento de Navarra.

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