El juicio a ocho activistas de Greenpeace por la acción realizada en 2021 para denunciar la contaminación causada por la macrogranja de Valle de Odieta, en Caparroso, ha quedado interrumpido ante la presentación de un nuevo informe veterinario por parte de la organización ecologista, que las acusaciones quieren analizar. El juicio ha comenzado esta mañana en el juzgado nº1 de lo penal de Navarra, y las personas activistas se enfrentan a 9 meses de prisión y 14 de multa.
La acción por la que se juzga a las activistas tuvo lugar el 22 de marzo de 2021, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, y consistió en devolver mil litros de agua contaminada por nitratos por la macrogranja vacuna que la empresa Valle de Odieta, S.C.L. tiene en el municipio de Caparroso (Navarra) a la balsa para la recogida de los residuos que esta tiene en su explotación. Con esta protesta pacífica, la organización quiso poner en evidencia las malas prácticas de esta empresa, exigir una legislación de nitratos ambiciosa que terminara con el grave problema de contaminación del agua, y que se pusiera freno legislativo a la ganadería industrial, una de las principales causas del problema. El Real Decreto (RD) 47/2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, aprobado posteriormente, es ahora más restrictivo y permite una mejor protección de las masas de agua, pero no es suficiente.
Esta acción de protesta surgió después de que Greenpeace fuera testigo, en febrero de 2021, del impacto ambiental provocado por reiterados vertidos masivos ilegales de purines de la macrogranja de Caparroso que llegaron a acuíferos y ríos. El grupo de activistas extrajo agua de una balsa que se encontraba en plena Zona Especial de Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón, uno de los espacios protegidos bajo la Red Natura 2000, que recoge los espacios ambientales más importantes de Europa. Precisamente por esos episodios de contaminación, tras las investigaciones pertinentes, el Juzgado de Tafalla detectó indicios de delito ambiental en la mencionada macrogranja, y en febrero de este año trasladó la continuación del procedimiento judicial a la Audiencia Provincial de Navarra.
“Es injusto que seamos las activistas medioambientales quienes nos enfrentamos a juicio, mientras la macrogranja de Caparroso sigue teniendo vía libre para su actividad e incluso para ampliar su tamaño”, ha declarado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y una de las activistas encausadas.
Proyectos de ampliación de la macrogranja de Caparroso
A pesar de que Valle de Odieta esté esperando a ser juzgada por delito medioambiental, la empresa sigue intentando ampliar todavía más su explotación, ya que su proyecto para una nueva macrogranja (23.520 cabezas) en Noviercas, Soria, fue paralizado por el Real Decreto 1053/2023 por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. Cabe recordar que la macrogranja de Caparroso solicitó una ampliación a 7.200 cabezas (límite de la Autorización Ambiental Integrada actual) a casi 11.000 a finales de 2022. A pesar de que el RD de Bovino establece un tamaño máximo de 850 unidades de ganado mayor (UGM), lo que haría esta ampliación inviable, el Gobierno de Navarra sigue sin resolver esta petición de ampliación.
Por si eso fuera poco, la empresa persigue una nueva ampliación encubierta, presentando una solicitud para hacer una nueva explotación de recría que albergaría 1.400 animales (coincidiendo con el tope de 850 UGM del RD de Bovino) a escasos 3 km de la macrogranja actual. En el proyecto presentado queda claro que no es una nueva explotación, sino que es una ampliación de la actual, ya que ambas instalaciones compartirían servicios (agua, electricidad y gestión de residuos). En la nueva se instalaría la recría, pudiendo utilizar la capacidad total de la que está en funcionamiento para la producción de leche. Greenpeace ha presentado alegaciones a ambas peticiones de ampliación.
“Ante las múltiples crisis a las que nos enfrentamos, desde la climática a la del agua, y una cada vez mayor preocupación por parte de la ciudadanía por el bienestar animal, desde Greenpeace urgimos al Gobierno de Navarra para que no conceda estas autorizaciones ni ninguna otra a explotaciones ganaderas intensivas o a la ampliación de las existentes. Es más, pedimos que desarrolle un Plan Estratégico de Ganadería que establezca la carga ganadera máxima por territorios y conlleve una reducción de los animales en intensivo en las zonas saturadas y las declaradas vulnerables a los nitratos”, ha afirmado Luis Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace España, también encausado.
