El ordenamiento jurídico en España hace un profundo énfasis en los derechos y deberes familiares. En ese sentido, el artículo 227 del Código Penal establece como delito el impago de pensiones de alimentos a los hijos por parte de sus progenitores, con severas sanciones en caso de incumplir estas obligaciones.
Ante este escenario, se puede solicitar judicialmente el cumplimiento de estos pagos. Para ello resulta preceptiva la intervención de un abogado, y es deseable que el mismo pueda prestar una asistencia legal especializada, como la que ofrece el bufete de abogados I.T. Europe.
Las implicaciones legales del impago de pensiones alimenticias
El pago de pensiones de alimentos es una obligación estrictamente establecida en la normativa española.
En caso de no poder cumplir con los pagos debido a un cambio en la situación económica, el deudor puede interponer un procedimiento de modificación de medidas. No obstante, en ningún escenario le es posible decidir unilateralmente dejar de pagar la respectiva pensión.
En estos casos, el impago de pensiones se considera como delito de abandono de familia, sancionado por el artículo 227 del Código Penal. Esta normativa establece multas e incluso penas privativas de libertad a quienes dejen de pagar la pensión durante dos meses consecutivos, o cuatro meses no consecutivos. Cabe imponer penas de prisión de duración de 3 meses hasta 1 año.
Asistencia especializada para causas judiciales familiares
Para hacer efectivas estas penas, se debe interponer la correspondiente denuncia o una querella judicial. Para este último caso, se requiere asistencia legal especializada en derecho penal de familia. Uno de los despachos legales expertos en esta materia es I.T.Europe Abogados, una firma jurídica con amplia experiencia en procedimientos judiciales de familia.
Sus áreas de trabajo abarcan el impago de pensiones de alimentos y otras prestaciones económicas. Para ello, cuentan con un equipo altamente cualificado en derecho penal de familia, cuya experiencia les permite abordar estos casos con una gran eficacia, estableciendo las mejores estrategias jurídicas y procesales en cada caso para obtener una sentencia favorable en los tribunales.
