El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, ha sugerido al Ayuntamiento de Pamplona que tome medidas para apoyar la continuidad de las actividades que la asociación vecinal Etxabakoitz Bizirik ha desarrollado durante años en el área de infancia del barrio de Etxabakoitz. Esta recomendación llega tras una actuación de oficio iniciada el pasado 20 de marzo, debido a reclamaciones vecinales sobre la necesidad de recuperar los anteriores equipos de infancia en el barrio.
Los vecinos de Etxabakoitz habían expresado su preocupación por la falta de actividades preventivas y de integración social para los niños y adolescentes, especialmente tras el cese del programa Coworkids en enero de 2024. Etxabakoitz Bizirik había atendido a alrededor de 80 niños y niñas, ofreciendo apoyo con tareas escolares e integración social durante más de 20 años. Sin embargo, desde el cese de Coworkids, no existen actividades para la población infanto-juvenil, según los informes publicados.
El Ayuntamiento de Pamplona, en un informe recibido el 8 de abril, detalló el desarrollo del Programa de Infancia, Adolescencia y Familia Coworkids desde enero de 2021, el cual supuso el cese de contratos con asociaciones infanto-juveniles en ocho barrios de la ciudad. Este programa ha coexistido con otros sistemas bajo un nuevo marco legal, y se ha iniciado un Diagnóstico Comunitario para evaluar el impacto y planificar un nuevo Sistema de Promoción y Prevención Comunitaria, conforme a la Ley Foral 12/2022.
A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por mantener algunas actividades, como acompañamiento escolar y deportes, los vecinos de Etxabakoitz destacan la importancia de las actividades desarrolladas por Etxabakoitz Bizirik, que tienen un enfoque más integral y personalizado hacia las necesidades del barrio.
La institución que dirige Patxi Vera considera que la carencia de actividades preventivas en Etxabakoitz podría agravarse sin la intervención del Ayuntamiento. Por ello, ha sugerido apoyar a Etxabakoitz Bizirik para que continúe sus actividades y adoptar medidas para asegurar el desarrollo de actividades preventivas y de integración social adecuadas a las necesidades de la población infanto-juvenil del barrio.
El Ayuntamiento de Pamplona tiene ahora un plazo máximo de dos meses para responder si acepta esta resolución y las medidas adoptadas para su cumplimiento.
