El ex vicejefe del Gobierno catalán Oriol Junqueras y siete ex consejeros fueron enviados hoy a prisión preventiva sin fianza tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista que abrió una crisis institucional sin precedentes en España.
Paul Bekaert, abogado del ex «president» Carles Puigdemont, confirmó en tanto a medios belgas que ya existe también una orden europea de detención en contra de su cliente y otros cuatro ex miembros del Gobierno catalán, todos actualmente en Bélgica.
El letrado adelantó que presentará los recursos necesarios para rechazar un eventual pedido de extradición contra su cliente.
La información sobre la orden de detención no fue confirmada oficialmente en España. Según medios de ese país, una jueza de la Audiencia Nacional emitirá mañana viernes esa orden, tal como lo solicitó hoy el fiscal general.
Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del «Govern» que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la misma jueza dictó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el «Parlament» en Barcelona aprobara el viernes pasado crear una república soberana.
Todos los miembros del «Govern» destituido estaban citados a declarar hoy como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del «Parlament» en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.
A falta de conocer el destino del ex «president», el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir hoy el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.
«Es un error muy grave, un gravísimo atentado a la democracia», criticó por la noche el propio Puigdemont en un mensaje difundido por la televisión pública catalana TV3. «El Gobierno español renuncia a la democracia».
Puigdemont insistió en considerarse «presidente legítimo» de Cataluña pese a su cese y el de todo su «Govern» el sábado, y reclamó con esa autoridad «la liberación de los consejeros».
Numerosos líderes independentistas tacharon de «indecente» y «vergüenza» la detención de lo que consideraron «presos políticos», mientras que miles de personas se reunieron ante el «Parlament» en Barcelona para reclamar su excarcelación entre gritos de «¡libertad!» y «¡viva la república catalana!».
La entidad independentista Òmnium convocó además una «gran manifestación» en la capital catalana el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración del viernes en el Parlamento.
El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales.
Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar hoy en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el «Govern».
Puigdemont acudió al abogado belga Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA, y adelantó el miércoles en un comunicado firmado por el «Gobierno legítimo de Cataluña» que seguiría en Bélgica para denunciar «un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español».
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).
Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).
Por la noche, estaba previsto que los siete consejeros varones fuesen trasladados a la cárcel de Estremera y las dos mujeres en la de Alcalá Meco. Vila pasará al parecer la primera noche en prisión, pero podría pagar mañana su fianza para quedar en libertad.
También la presidenta del «Parlament» Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar hoy por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.
Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella. Los cinco quedaron bajo vigilancia policial.
